Opinion | 14 Sep Ya transitando una buena parte de la segunda administración de un gobierno de izquierda en nuestro país, estamos asistiendo en el ámbito estatal a los airados reclamos de las corporaciones de funcionarios públicos que con toda lógica y derecho defienden sus intereses, y que apuntan a obtener en la instancia presupuestal mejoras salariales y a la vez una reducción de la carga horaria de 40 a 30 horas semanales, en tanto en el sector privado todavía no existen mayores definiciones en cuanto al eje de la discusión en los Consejos de Salarios.
En esta instancia el patrón de los estatales es representado por el gobierno del Frente Amplio, que es precisamente el que definirá las prioridades y afectación de recursos en la Ley de Presupuesto Quinquenal, al ser el titular del Poder Ejecutivo y contar con la mayoría parlamentaria para aprobar la norma madre. Como es sabido, hasta ahora el gobierno de José Mujica es el encargado de administrar la ejecución del presupuesto que venía de la anterior administración, pero ahora debe pasar a la parte de diagramación del nuevo presupuesto, que encarnará la filosofía de gobierno y será la herramienta de instrumentación de sus políticas.
Es decir que llega el momento de la verdad y de la búsqueda de conciliar necesidades con disponibilidad de recursos, en base a las prioridades que establezca el gobierno. Pero en el sector estatal, en el que priman las corporaciones de funcionarios, el tema de la disponibilidad de recursos parece ser un tema menor y es ignorado, desde que todo se centra en el pedido de obtener una mejora por “presentismo” (lo que equivale a reconocer que hay mucho “ausentismo”), aumentos significativos por recuperación salarial y encima la reducción de la carga horaria en un 25 por ciento.
En todos estos reclamos, que deben considerarse legítimos si se tiene en cuenta que un gremio se forma para defender los intereses sectoriales del grupo que sea, se ignora a sabiendas cuál es el origen de los recursos que se procura obtener en beneficio propio. En todos los casos, quien aporta estos recursos es el ciudadano común, el uruguayo de a pie, el que no cobra “presentismo” sino que al revés, le toca el “descuentismo” si falta un solo día a la jornada de trabajo en el sector privado, y es quien vuelca dinero de sus bolsillos a las arcas del Estado para pagarles el salario a quienes además de presentismo no tienen desempleo y gozan de inamovilidad.
Las medidas de fuerza con paro general que ha decidido el Pit Cnt, con votación dividida y fuerte rechazo de los representantes de los trabajadores del área privada, por encima de consideraciones políticas entre “moderados” y “radicales”, con expreso apoyo a la postura del gobierno por los primeros, marca sobre todo las diferencias fundamentales que existen en la situación de unos y otros, desde que a esta altura a nadie con más de dos dedos de frente, por menos ilustrado que sea, puede escaparle la percepción de que los trabajadores privados, con sus carencias y desventajas, están subsidiando a quienes perciben mayores salarios, tienen las mejores condiciones de trabajo y gozan de pleno empleo y seguridades, además de tener la posibilidad de que no se les descuenten los días no trabajados y que ello no afecte el “presentismo”.
Pero hay un tema de primer orden que se soslaya especialmente en la agenda, tanto pública como privada, y que refiere a la productividad, es decir a la eficiencia del trabajador en cada ámbito en que se desempeñe, y que forma parte de la ecuación por la que se producen a menor costo los bienes y servicios que produzca la empresa. En este plano también hay diferencias a tener en cuenta: una menor productividad en el ámbito privado implica que la empresa quede en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores, y por ende es un peligro pendiente sobre la fuente laboral al tratarse de un emprendimiento de riesgo. En el caso del Estado, “productividad” es una mala palabra, pero si a la vez se le agrega la pretensión de cobrar más y trabajar menos horas, nos encontraremos con que las consecuencias serían la degradación de servicios monopólicos, en los que el usuario no tiene otra opción, como así también mayores demoras y costos administrativos y de producción en dependencias estatales, por lo que no se está hablando de nada que no importe a todos los uruguayos.
Por lo tanto el ciudadano de a pie, el que paga religiosamente lo que se le carga en las facturas pero al que no se le abren ámbitos para opinar y exigir, es el gran ignorado a la hora de no darse la discusión presupuestal de este y otros temas que sí deberían importar, y lamentablemente también el gran perjudicado.