Nacionales | 13 Sep El Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley sobre asociaciones público–privadas. El subsecretario de Economía y Finanzas, Pedro Buonomo, dijo que la iniciativa articula --de manera consistente en un solo marco legal-- los procedimientos que hoy se realizan. La meta es lograr por este mecanismo inversiones equivalentes a un punto del PBI, es decir, unos 400 millones de dólares anuales.
“El país está enmarcado en un proceso de crecimiento económico sostenido y pensamos que las inversiones en infraestructura son un elemento indispensable para continuar con este proceso de crecimiento”, indicó Buonomo. Asimismo, abogó porque esta carencia no se transforme en un “cuello de botella” para dar continuidad al proceso de expansión económica. Añadió que Uruguay presenta una restricción fiscal que le impide destinar los fondos suficientes para infraestructura. “Por lo tanto, es necesario e imprescindible crear mecanismos que permitan complementar a la inversión pública”, apuntó.
Buonomo indicó que la iniciativa legal procura tanto dar seguridades al Estado como a los privados y no plantea innovaciones excesivas. Confirmó que se creará una unidad especializada en el Ministerio de Economía y Finanzas que articule políticas y que, de esta manera, adopte las “mejores prácticas internacionales” para la estructuración de proyectos. “Las capacidades para estructurar y diseñar asociaciones público-privadas son especializadas y deben generarse en unidades específicas (transversales) y no separarse en cada uno de los sectores sobre los cuales se hacen proyectos”, estimó Buonomo. Asimismo, señaló que la Corporación Nacional para el Desarrollo tendrá el rol de generar capacidades en el sector privado.
En otro orden, puntualizó que este tipo de asociaciones entre públicos y privados son de largo plazo, “de unos quince o veinte años”. “La realidad indica que en ese período la situación y las condiciones de los contratos cambian. Entonces hay que establecer un mecanismo adecuado de renegociación, donde las partes tengan claro como resuelven las controversias durante el transcurso del contrato”, dijo.
El subsecretario de Economía y Finanzas indicó que es fundamental una asignación adecuada de riesgos: “ello es una gran diferencia con una obra pública tradicional, en la cual el contratista, o sea la administración, asume todos los riesgos que el contrato lleva adelante”. El criterio para la asunción de riesgos, distintivo de las asociaciones público privadas, es la eficiencia, puntualizó. Al respecto, dijo que la ley establecerá estudios previos que demuestren la conveniencia económica --en comparación con una obra pública tradicional-- de llevar adelante un proyecto de infraestructura mediante asociación público-privada.
Buonomo se refirió a los principales desafíos en infraestructura que se pretenden resolver mediante este tipo de asociación. Indicó que se necesita concretar obras de mantenimiento vial y que deben hacerse obras de dragado en materia portuaria. Asimismo, aseguró que el desarrollo del ferrocarril es una de las prioridades del gobierno: “pensamos que este instrumento normativo puede facilitar el rediseño y relanzamiento del modo ferroviario”. Además, sostuvo que se buscará concretar inversiones en generación de energías renovables.
Apuntó al desarrollo de proyectos de infraestructura turística (instalación de predios feriales) y de infraestructura social, fundamentalmente en lo que refiere a la construcción de cárceles y hospitales. “Estamos pensando que es una meta interesante en cuanto a canalizar recursos de inversión porque este mecanismo puede ser un punto del producto, que implica una cifra promedio de unos 400 millones de dólares por año”, estimó Buonomo.