Opinion | 14 Sep Actualmente la Junta Nacional de la Salud (Junasa) se encuentra evaluando el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las mutualistas y prestadores de salud públicos que, en el marco del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud asumen metas prestacionales por las que reciben una compensación económica de parte del Estado. Estas exigencias apuntan a mejorar la calidad de la atención que reciben los usuarios de la salud.
En nuestro país los usuarios de los servicios de salud --al igual que cuando actúan como consumidores en el circuito comercial-- han sido históricamente poco exigentes o bastante pasivos y si bien esta situación está comenzando a revertirse aún es escaso su nivel de exigencia y participación en los espacios que la nueva normativa vigente les ha asignado para ejercer sus derechos.
Por este motivo, es importante que cuenten con más información sobre sus propios derechos como primer paso para que puedan ejercerlos plenamente y exigir su cumplimiento ante el mostrador de cualquier oficina.
Entre esos derechos en este último tiempo se ha incluido el de la atención de situaciones de consumos problemáticos, algo que las mutualistas no tenían incluido hasta hace poco tiempo. Ahora, las familias y los consumidores tienen derecho a recibir atención telefónica sobre drogadependencia, de ser internados para desintoxicación durante un tiempo mínimo de cinco días, de recibir atención multidisciplinaria en policlínicas ambulatorias. Otra obligación es la existencia de policlínicas ambulatorias para dejar de fumar y de la atención de situaciones de violencia doméstica.
En cuanto a los tiempos de espera máximos, están establecidos en el contrato de gestión: 24 horas para médico general, 48 horas para pediatría, ginecología y cirugía general, y de un mes para todas las restantes especialidades.
Existe la obligación de que este tipo de información --y otra relativa a los derechos de los usuarios-- sea publicada en lugares visibles de las instituciones, con cartillas que los expresen claramente. Sin embargo, hasta tanto este tipo de saludables cambios en lo que hace a la atención de las salud hayan sido asumidos por los usuarios, son necesarios estrictos controles de los organismos competentes a las instituciones –tanto privadas, mutuales como del Estado-- de forma tal de garantizar que los usuarios tengan acceso a la información. Sólo así podrán exigir el pleno cumplimiento de sus derechos, algo que es medular para la salud del sistema.