Opinion | 18 Sep A través del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, el gobierno defendió recientemente su proyecto de crear una agencia de acreditaciones universitarias que evalúe solo a las instituciones privadas, sobre la base del argumento de que la Universidad de la República tiene “autonomía” y que por lo tanto no se le puede obligar a ser certificado por un organismo externo.
Esta particular visión la expuso el secretario de Estado ante la Comisión de Educación del Senado que comenzó a analizar el proyecto oficial para crear la referida agencia, a la que calificó como una Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación) de la enseñanza terciaria, aunque el jerarca aclaró que hay disposición del gobierno de negociar esta postura con los representantes de la oposición. Debe tenerse presente, como antecedente inmediato de este proyecto, que durante la Administración Mujica, con espíritu de búsqueda de coincidencias, se creó una comisión interpartidaria de educación en la que todos los partidos compartieron que se debería evaluar a todas las universidades, lo que no es precisamente el tenor de lo que ha planteado el proyecto que defendió el ministro de Educación y Cultura ante el grupo de trabajo parlamentario.
Es que la propuesta oficialista apunta a crear la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet), el que por un lado realizará las tareas que hoy hace el Consejo Consultivo, que habilita las universidades o carreras privadas, y por otro lado acreditará carreras y los controles de calidad. Esta actividad está prevista que sea “voluntaria” para la Universidad de la República, contrariamente a lo que ocurre con el ámbito privado.
Mientras tanto, los rectores de las universidades privadas se reunieron el viernes con varios legisladores para plantearles una alternativa al proyecto de ley que crea la agencia para el control de calidad del sector terciario privado, pero no monitorea a la Udelar.
Los líderes de los principales centros terciarios privados del país consideraron parcial e injusto el proyecto que crea la Agencia para la Promoción y el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria, y procuran que la oposición recoja elementos de juicio para enriquecer un proyecto que a todas luces es asimétrico y que pone a la Universidad de la República por encima del bien y del mal, y sobre todo del control de la sociedad, que pone 180 millones de dólares al año para sostenerla de ojos cerrados, cual vaca sagrada.
Con acierto, el rector de la Universidad ORT, Jorge Grünberg, señaló que “un sistema de calidad sólo funciona si abarca a todos los componentes del sistema” y que “no tiene sentido controlar la calidad para sólo el 20% de los alumnos de las universidades. El 80% que concurre a la institución pública también tiene derecho a que su educación sea certificada”, indicó, y por su parte, el rector de la Universidad de Montevideo (UM), Santiago Pérez del Castillo, fustigó el argumento que dio el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, de que la Udelar está excluida de los controles por su autonomía: “se confunde autonomía con derecho a no ser evaluado externamente”, afirmó.
Peor aún, es una notoria falta de equidad el hecho de que la Udelar esté obligada según el proyecto a dar un dictamen preceptivo sobre las carreras que las universidades de gestión privada pretenden habilitar, en una situación de competencia, en donde la Udelar es gratis y las privadas son pagas.
El punto es que el gobierno pierde de vista que ha sido ungido para llevar adelante la responsabilidad de conducir el país a través del voto de todos los uruguayos, y que su leit motiv no es defender la autonomía universitaria exacerbada hasta el ridículo, sino velar por el interés general, y poner en un pie de igualdad las exigencias para mejorar la calidad de la educación terciaria, sobre todo en el caso de la universidad estatal, que se lleva 180 millones de dólares de todos los uruguayos al año, y que pretende seguir con matrícula ilimitada, formando gratuitamente profesionales en áreas que no se necesitan y sin cobrar a los estudiantes pudientes, para por lo menos aliviar a todos los contribuyentes a los que el Estado les mete la mano en el bolsillo para que estudien gratis quienes pueden pagar.
Como bien dijo el presidente José Mujica en su particular estilo, la Universidad de la República “es autónoma pero no soberana”, y que “se confunde autonomía con soberanía, cuando es el Estado el que pone los chanchos”. Sin embargo, la óptica del ministro Ehrlich no es diferente a la concepción estatista del Uruguay, donde las empresas del Estado hacen lo que se les ocurre con total impunidad, brindan un pésimo servicio pero a la hora de evaluar a los privados son los más duros e inflexibles críticos. Un claro ejemplo es el Sistema Nacional de Salud, que exige a las mutualistas lo que el Estado no cumple, otorgando los permisos de inversión según el “comportamiento” de cada una, perjudicando así a la ciudadanía, mientras destaca los éxitos de la Salud Pública en comparándolos con lo que no dejó hacer al sistema mutual. Pues ahora en el sistema universitario ha llegado el momento de que el gobierno refleje su postura, que seguramente comparte el 90 por ciento de los uruguayos, a la hora de ajustar el proyecto de ley, para por lo menos empezar a creer que las cosas puedan cambiar.