Nacionales | 17 Sep Una serie de demandas laborales contra barcos pesqueros de bandera extranjera ya ha afectado la actividad portuaria y preocupa a las autoridades, que promoverán una ley para evitar que los buques afectados queden varados en el puerto. Se trata fundamentalmente de empresas españolas que contratan pescadores peruanos en su gran mayoría, explicó a la AFP el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan José Domínguez.
“Hace tres o cuatro años aparecieron demandas de pescadores que encontraban los oficios de abogados y demandaban a la empresa. Las demandas están justificadas, porque están en muy mala situación legal. Pero son por montos extraordinarios”, indicó. A partir de estos reclamos laborales, los abogados solicitan que el juez decrete la prohibición de zarpe del buque como medida cautelar, lo que suele ocurrir, y luego negocian un acuerdo con los demandados.
Un informe del estudio de abogados Ferrere sostiene que la prohibición de zarpar “pone en peligro la continuidad de las operaciones de los barcos pesqueros extranjeros que operan en el puerto de Montevideo y puede determinar que trasladen sus operaciones a otros puertos de la región”, lo que generaría “una gran pérdida para Uruguay”. Domínguez afirmó que se estima que debido a esta situación el país ya perdió tres o cuatro empresas, que se fueron a operar al puerto brasileño de Río Grande. “Es un problema netamente jurídico pero que salpica toda la problemática pesquera y afecta muchas actividades e industrias que se mueven en torno al puerto”, explicó. La preocupación del gobierno es aún mayor en un momento en el que se planea construir una nueva terminal pesquera y la ANP ya comenzó a ofrecerla en el exterior, básicamente en España, Corea y China, los tres clientes más importantes. Según el estudio de Ferrere, la remuneración promedio de los trabajadores extranjeros de los pesqueros ronda entre 1.000 y 1.200 dólares mensuales y su indemnización “en el mejor de los casos” debería “rondar los 10.000 dólares”. Sin embargo, “algunos tripulantes extranjeros de estos buques presentan demandas ante la Justicia laboral de Montevideo reclamando montos que rondan entre los 100.000 y 350.000 dólares según los casos”, afirma el informe. Ante la imposibilidad de zarpar, que según el estudio puede generarles un perjuicio en torno a los 200.000 dólares diarios, los demandados optan por negociar un acuerdo mediante el que pagan aproximadamente el 10% de lo reclamado. El informe sostiene que el hecho de que el acuerdo final sea por un monto tan bajo en relación al reclamado “demuestra la utilización extorsiva de la medida cautelar”. Por su parte, el diputado oficialista Jorge Pozzi, autor de un proyecto de ley que busca solucionar el problema, dijo que “el gobierno está muy preocupado por este tema. Y hemos recibido correos electrónicos de armadores que han recomendado no entrar más en Montevideo”. Explicó que la ley busca que se proteja el derecho de los trabajadores pero que la prohibición de zarpe sea el último recurso en caso de demandas. En vez de eso, se busca que el juez exija una garantía bancaria que permita al barco seguir operando mientras la justicia se expide.