Opinion | 20 Sep De acuerdo a lo expresado por el subsecretario de Transporte Pablo Genta, el gobierno tendrá claro como va a financiar y cual será la estructura del ferrocarril solo una vez que culmine la discusión parlamentaria sobre la Ley de Presupuesto. De acuerdo a los datos proporcionados por el jerarca a El País, aunque el monto preciso de la inversión no está definido, todo indica que se situará entre los 500 y los 600 millones de dólares, en su mayoría de fondos públicos.
Advirtió que “en el ferrocarril no es tan sencillo recuperar la inversión. Por lo tanto tenemos que trabajar con cuidado y minimizar el riesgo de fracasar con el objetivo que tenemos de contar con un ferrocarril de cargas que sea sustentable”.
Debe tenerse presente que esta iniciativa está en proceso ya por lo menos desde el anterior gobierno, cuando las acciones que se habían emprendido con buen impulso fueron signadas por desacuerdos entre sectores del Frente Amplio, pese a que la reactivación del ferrocarril es un objetivo común de actores públicos y privados.
No escapa a nadie que se requieren inversiones de magnitud que deben ser amortizadas a largo plazo y por lo tanto objeto de acuerdo entre los actores interesados, aún cuando el Estado sea el mayor inversor, como dejó traslucir Genta, quien adelantó que la reforma que aplicará el Ejecutivo “implica algunos cambios en la estructura institucional de AFE en la ejecución de obras de infraestructura y el funcionamiento del tren de carga”.
Entre otros aspectos, el Ministerio de Transporte y Obras públicas ya elevó una propuesta para que las vías pasen a estar bajo su órbita, sin que todavía se haya llegado a un proyecto definitivo, desde que además es preciso mejorar los instrumentos con que se cuentan para estos emprendimientos en coparticipación, por lo que es clave la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley de asociaciones público-privadas que aún no fue enviado por el Ejecutivo para su consideración parlamentaria.
Lo que sí es seguro es que una reactivación y potenciación del ferrocarril, sobre todo en el área de las cargas, sería de gran beneficio para varios sectores productivos, como parte fundamental para la logística con destino a la exportación, desde que junto con el transporte fluvial representan los fletes más económicos para las cargas de gran volumen y bajo valor relativo, como es el caso concreto de las maderas y los granos.
El actual gobierno ha incorporado este tema como una de las banderas en lo que respecta a las mejoras de infraestructura logística del país y el presidente José Mujica incluso instó a los empresarios privados a sumarse a la iniciativa de recuperar el ferrocarril uruguayo. Precisó que es fundamental para el desarrollo de sectores en expansión y que tienen sus centros productivos a considerable distancia de las bocas de salida, lo que no es ningún descubrimiento pero sí un elemento que cobra cada vez mayor peso a la luz de las necesidades logísticas del país, teniendo en cuenta los volúmenes de productos primarios que requieren imperiosamente esta vía para salir directamente a los puertos de ultramar o formar parte del esquema multimodal que aún es incipiente e incompleto en el país.
El ferrocarril sería un medio de transporte económico para las mercancías de poco valor en relación con su volumen y que sienten el impacto del costo del flete; complementario del transporte fluvial, que es el más barato para los recorridos de larga distancia pero que demanda una infraestructura de interconexión bien aceitada para que cumpla su objetivo.
El interés de los empresarios se centra especialmente en mejorar la cadena logística para abaratar costos, pero hasta ahora no han visto atractivas las condiciones que se han manejado para volcarse a la inversión en el ferrocarril, y la apuesta a contar con un instrumento como la ley de asociaciones público privadas es indicativa de que hay expectativas de que esta vez las cosas puedan cambiar. Pero de lo que se trata fundamentalmente es la de la gestión del ferrocarril, que no puede pensarse que pueda quedar nuevamente en manos del Estado, sino que es preciso encarar una administración moderna, que responda a los requerimientos de los empresarios, cuyos tiempos y forma de encarar las cosas está en las antípodas de como se mueve nuestro Estado paquidérmico y fofo. Es decir que es fundamental la participación privada no solo en la inversión y en la renovación, sino en la gestión, para que realmente se pueda cumplir con las expectativas. Esta coparticipación es precisamente el aspecto clave a definir, para no terminar arrojando 600 millones de dólares a la basura y en pocos años estar como al principio, cuando además solo cabe esperar trabas de los sindicatos nucleados en COFE, que una y otra vez han demostrado que solo están dispuestos a defender sus intereses, es decir mantener todo químicamente puro en manos del Estado, aunque los intereses del país pasen por el escenario opuesto.