Opinion | 24 Sep A través del mensaje que contiene el Proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, el Poder Ejecutivo pretende dar el puntapié inicial para hacer realidad por esta vía una incipiente reforma del Estado que comprende a los funcionarios públicos, lo que por supuesto ha generado la airada respuesta de las agremiaciones nucleadas en COFE.
Ocurre que de acuerdo a lo manifestado por una alta fuente gubernamental, el gobierno no acepta quitar los 70 artículos del proyecto de presupuesto sobre los funcionarios del Estado como pretende el Pit Cnt, ante lo que COFE replantearía la denuncia ante OIT por lo que entiende es una violación a la ley de negociación colectiva.
La fuente recordó que lo que está incluido en el proyecto de presupuesto es “solo una parte” de la reforma del Estado, y que por una ley posterior se regularán las carreras administrativas. Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, fue en el mismo sentido y admitió que esos artículos son parte de la reforma del Estado y que no consideran una “marcha atrás”.
El punto hace referencia a las “reestructuras organizativas y de puestos de trabajo” de los públicos, a los contratos temporales, los ingresos, los ascensos y el régimen de redistribución de funcionarios, como así también regula los contratos de becarios y pasantes.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) tiene previsto dentro de su plan de acción, que si no prosperaran los acuerdos en los ámbitos de negociación, denunciará al gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimiento de la ley 18.508, de negociación colectiva.
Por su parte el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, consignó que se debe seguir negociando en esos ámbitos mientras se discute en el Parlamento e indicó que “las modificaciones pueden ser acordadas en el marco del proceso de discusión en el Parlamento”.
La postura de los funcionarios nucleados en COFE no puede extrañar, por cuanto desde fondo de la historia y sobre todo a partir de la asunción del poder por la izquierda, considera que constituyen una casta de “intocables” y se oponen drásticamente a cualquier innovación que cree alguna sospecha mínima de que pueda afectarse su situación de trabajadores del Estado, incluyendo la inamovilidad, sus beneficios y condiciones de trabajo por lo general muy benignas ante un patrón en extremo tolerante y al que es fácil arrancarle concesiones con medidas de fuerza.
En este caso se entreveran ex profeso las cartas en cuanto a argumentar que existen violaciones por el gobierno del compromiso de negociación en los Consejos de Salarios del sector, a efectos de debilitar la postura confrontativa de los sindicatos del Estado, dejando de lado deliberadamente el hecho de que el sistema político en su conjunto tiene entre sus potestades el adoptar las decisiones del caso para incorporar reformas pendientes en el funcionamiento del Estado.
Y llamando a las cosas por su nombre, es notorio que lo que sirvió a la izquierda para llegar al gobierno, en una asociación política con los sindicatos para acumular fuerzas a efectos de obtener mayorías electorales, se vuelve en su contra cuando le toca gobernar y se encuentra con que existen corporaciones dentro del Estado que se unen a su burocracia crónica para oponerse a cualquier reforma en su funcionamiento.
Si bien José Mujica recogió el guante de la reforma en su campaña electoral y subrayó una y otra vez que es preciso modernizar el Estado “paquidérmico” que padece el país desde hace décadas, que traslada su ineficiencia y sus elevados costos a toda la sociedad, no es menos cierto que su anuncio de que el punto sería objeto de discusión con los estatales choca con una realidad que no ve solo quien no la quiere ver, y que se confirma, por si hiciera, falta, con los hechos que estamos comentando: el movimiento sindical, como es su ideología y su razón de ser, es decir la defensa exclusiva de sus intereses, no aceptará ninguna medida de reforma que considere pueda afectar los “derechos” de los verdaderos “dueños” de las empresas, es decir los funcionarios, como manifestara en su momento el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, por lo que poco y nada de positivo puede esperarse por este camino. Es que los sindicatos radicales no son de izquierda ni de derecha, solo imponen su voluntad al costo que sea y punto.