Nacionales | 29 Sep Escasas palabras
Dos “sí” y un “porque no existían méritos”. El ex presidente Tabaré Vázquez economizó las palabras al responder las tres preguntas planteadas en la investigadora parlamentaria que analiza el proceso que llevó a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 que terminó por beneficiar a los hermanos Peirano Basso.
Consigna “El País” que Vázquez envió a la investigadora la respuesta a las preguntas que elaboraron los senadores blancos Francisco Gallinal y Carlos Moreira, y usó seis palabras para responder a las tres consultas. Ratificó que en 2006 eliminó del proyecto de ley concursal la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, para evitar beneficiar a los hermanos Peirano Basso que por entonces estaban presos. Y dice que en 2008 no vetó la ley que derogó el delito por el que habían procesado a los Peirano, dado que “no existían méritos”.
Vázquez aún debe responder a un segundo grupo de preguntas que la comisión le envió a pedido del senador colorado Ope Pasquet, donde le consultan si el ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, le informó que él o alguien de su estudio jurídico representaba al ex director del Banco de Montevideo, Juan Domingo Ratti. En caso de respuesta afirmativa, le preguntan si informó a los demás ministros y si eso consta por escrito.
Sin juicio político
El presidente de la comisión investigadora, el frenteamplista Jorge Saravia, dijo al mismo matutino que hay consenso entre todos los partidos para ratificar que “el Parlamento actuó bien” al derogar el artículo 76 de la ley 2.230 y que ningún legislador “fue influenciado por nadie”. Acotó que es un hecho que no habrá planteo de juicio político contra Fernández, dado que está a su favor el hecho de que varios medios de prensa habían informado que su estudio defendía a Ratti. Pero explicó que puede haber “un cuestionamiento” a Fernández por no haber informado al Senado que defendía a Ratti, cuando compareció el pasado 17 de agosto. El senador colorado Ope Pasquet, que es el denunciante y había hablado de “negligencia” de los legisladores, admitió que la versión sobre “conspiración” quedó descartada tras las aclaraciones de la ex senadora frenteamplista Margarita Percovich. Concluyó que está claro que Fernández “asumió y ejerció la defensa de Ratti, no lo dijo a nadie” y “se olvidó” de mencionarlo cuando estuvo en el Senado. Falta saber si Vázquez estaba al tanto de ello.
¿El silencio de los inocentes?
Otro que estuvo en la comisión investigadora fue el vicepresidente Danilo Astori. El senador blanco Carlos Moreira le preguntó a Astori si había advertido a otros legisladores sobre los efectos de dicha derogación. Resulta que en 2008, cuando se trató la derogación del artículo 76, el entonces senador de Asamblea Uruguay era el único legislador que conocía las consecuencias jurídicas de tal resolución parlamentaria. “No advertí el hecho ni se lo advertí a otros colegas del Parlamento” porque los hermanos Peirano estaban en libertad y los parlamentarios se concentraron en derogar unos artículos considerados “engendros” o ejemplos de “pésima técnica legislativa”, respondió Astori.
Según documentos legislativos, la derogación del polémico artículo ingresó en el punto 9 de la sesión.
El vicepresidente guardó silencio cuando en la sesión se distribuyó entre los legisladores el proyecto de derogación a pedido del senador nuevoespacista Rafael Michelini. Poco después, Astori pidió licencia y se retiró de sala antes de que se reanudara la discusión del tema. En la investigadora dijo que siempre estuvo a favor de la derogación. “Es más, en este proceso hubo un elemento adicional que se convirtió en un foco de atención de los legisladores: la situación del SMU y la vigencia de la ley que se corregía con este segundo proyecto”, agregó.
“Planteo electoralista”
El sindicato del INAU rechazó la exigencia de Vamos Uruguay de bajar la edad de imputabilidad y considera que es un “planteo electoralista”. El sindicato salió al cruce del planteo del sector mayoritario del Partido Colorado que reclamó al gobierno que disponga la baja en la edad de imputabilidad de los menores infractores y que sus antecedentes sean conservados una vez cumplida la mayoría de edad, basándose en que es “un reclamo central de la ciudadanía”. Si el gobierno no actúa, entonces recurrirá a la iniciativa popular para reformar la Constitución.
El secretario general de INAU, Joselo López, dijo a radio “El Espectador” que el planteo es “electoralista” porque no incluye toda la información a la sociedad. “No es cierto de que hasta los 18 años sería imputable porque hay privación de libertad de los menores a partir de los 13 años. Nosotros que hemos estudiado y conocemos la situación de otros países donde se ha bajado la edad de imputabilidad, se ha generado más caos del que hay en un país como éste, donde hay complicaciones en los complejos carcelarios para adulto. Se generaría una situación más complicada”, aseguró.