Opinion | 24 Sep Hoy se cumple un mes del fallecimiento de Romina Severo, después de ser rapiñada mientras conducía su moto a raíz de lo cual perdió el dominio de la misma, cayendo y siendo arrollada por un ómnibus del transporte urbano.
Sus familiares, lo mismo que otros sanduceros preocupados por la creciente inseguridad ciudadana y el accionar sin control de menores infractores, quienes aunque son apenas un puñado cometen todo tipo de tropelías, se fortalecen en un movimiento de resistencia ciudadana pacífica. Demandan de la clase política y concretamente de los legisladores leyes más duras contra estos infractores, pues la minoridad no les impide ser un verdadero peligro para la sociedad toda.
El pedido concreto del Movimiento Justicia por Romina y por Todos Nosotros (nombre provisorio) es que se reduzca a 16 la edad de imputabilidad, para el caso de delitos graves y muy graves.
Es lo que amplios sectores de la sociedad demandan desde hace muchos años, sin que hasta la fecha los legisladores escuchen el clamor popular y actúen en consecuencia. Recién ahora algunos sectores se han animado a redactar proyectos de ley que contemplan la reducción de la edad de imputabilidad, lo mismo que el establecimiento de un legajo con los antecedentes de las anotaciones como infractor menor una vez que los involucrados lleguen a la mayoría de edad.
No obstante, aun muchos prestigiosos juristas sostienen que no es la solución. Esgrimen como argumento que no se trata de castigar a los menores sino de educarlos, reinsertarlos en la sociedad y que esta no tiene los establecimientos ni procedimientos adecuados para ello, por lo que sería injusto y excesivo castigo, condenarlos como adultos a esa temprana edad.
Realmente, las dos bibliotecas de razonamiento tienen razón. Ahora bien, la sociedad toda, pero especialmente aquellos elegidos para conducirla, deben definir con claridad a quién defender primero, si a los infractores o a sus víctimas. Debe decidirse si en espera que se tengan los elementos adecuados para la rehabilitación de estos menores, es razonable poner en peligro la vida de muchos. Una demora excesiva puede terminar en catástrofe el día en que los justos se harten de las tropelías de los protegidos de siempre y opten por la justicia por mano propia, lo que es sinónimo de barbarie y que nadie desea para nuestra sociedad. ¿Será entonces prudente seguir esperando? La respuesta, probablemente, caiga por madura.