Opinion | 27 Sep Las intendencias departamentales a través de la recaudación de impuestos de carácter departamental, suelen hacerse cargo de solucionar situaciones que son de competencia de organismos del gobierno nacional, para los que por otra parte el propio Gobierno recauda a través del cobro de impuestos nacionales.
Ocurre que hay una diferencia muy grande entre las respuestas de los organismos nacionales en el Interior y la que tienen en Montevideo, desde que los jerarcas designados en tareas de dirección por el gobierno nacional tienen a Montevideo como el “Uruguay”, en tanto lo que pasa al norte del Santa Lucía sucede en el país de segunda y por tanto en el que no se ve desde los ministerios y dependencias de la Administración Central.
No puede extrañar por lo tanto que el ciudadano del Interior, que percibe que sus problemas, reclamos y aspiraciones duermen el sueño de los justos en los expedientes de OSE, Antel, UTE, ministerios, direcciones y secretarías, opte por dirigirse directamente a las intendencias, desde que los intendentes y los jerarcas de las respectivas dependencias del municipio son los vecinos a los que es posible encontrar todos los días y a la vez tienen pleno conocimiento de los problemas de la comarca y de las necesidades que sin embargo son ignoradas o postergadas mientras el trámite sigue el largo camino de ida y vuelta a Montevideo.
Ello ha sido determinante para que los gobiernos departamentales reciban a diario planteos de vecinos que demandan repuestas en áreas que no son de competencia municipal, y deben por lo tanto responder directamente con la obra requerida o trasladar los planteos a la correspondiente dependencia del gobierno central, con el correspondiente seguimiento posterior en coordinación con los diputados del departamento, con la expectativa de que se pueda acelerar la dilucidación del tema.
Naturalmente, no se trata solo de un tema de competencias y recursos, sino también de contar con el personal especializado, recursos materiales y elaboración de proyectos, por lo que en áreas como el saneamiento, la extensión de la red de agua potable, el alumbrado, la vivienda, incluso la salud y áreas sociales, entre otros, se han generado mecanismos de coparticipación que permiten que el gobierno departamental, cercano al vecino, tenga una participación directa en las acciones y de alguna forma sea un elemento positivo en cuanto a dotar de una mayor presteza a las gestiones y concreción de la obra.
El Presupuesto Participativo, que se creó en la Intendencia sanducera y en otras comunas durante la anterior administración con la expectativa de que los propios vecinos por votación pudieran elegir el destino de aproximadamente el 3 por ciento del presupuesto de inversiones municipales en el departamento, más allá de las dificultades para que los proyectos realmente representativos y de interés general salieran elegidos en una convocatoria en la que las “barras” de amigos hicieron triunfar propuestas que solo servían a unos pocos, también contuvo iniciativas que exorbitaban el área municipal y que correspondían a organismos del gobierno nacional, por lo que el contribuyente sanducero terminó pagando dos veces por lo mismo.
En este contexto corresponde situar una idea que va ganando terreno en el Congreso Nacional de Intendentes respecto al alumbrado público, y precisamente el intendente de Flores, Armando Castaingdebat, se sumó al grupo de jefes comunales que pretenden que se considere la posibilidad de que la gestión del alumbrado público retorne a la órbita de UTE.
El jerarca comunal recordó que en la dictadura se les traspasó a los gobiernos departamentales el mantenimiento y el pago del alumbrado público sin una contrapartida de dinero ni de personal. “Estamos en la idea de que UTE se vuelva a hacer cargo del alumbrado público, tanto del mantenimiento como de la cobranza”, agregó, en un planteo compartible en cuanto a quien debería tener competencias y cuenta con el personal especializado para cumplir esta tarea.
Un organismo monopólico, que impone sus tarifas a los clientes sin que éstos puedan elegir, debería por lo menos tener la responsabilidad de brindar un alumbrado público adecuado a las necesidades de los ciudadanos, en lugar de que el contribuyente con el pago de impuestos municipales tenga que sostener el esquema de materiales, personal y el pago del consumo, sin ninguna contrapartida del organismo nacional que debería estar en la primera línea del servicio.