Opinion | 30 Sep A través del vicepresidente de la República, Danilo Astori, el Poder Ejecutivo puso “en el congelador” la iniciativa del Partido Colorado de bajar la edad de imputabilidad hasta los 16 años en casos de delitos graves y muy graves, sobre todo hechos de sangre y homicidios, dado que el presidente de la Asamblea General sostuvo que “el gobierno no cree que la solución a este tipo de problemas sea bajar la edad de imputabilidad”. Aclaró que “vamos a seguir trabajando con el enfoque que ha propuesto el gobierno, que en líneas generales ha sido compartido por todos los partidos en un documento”. El vicepresidente entiende que al tema de la inseguridad, uno de los principales problemas que afecta a la sociedad, “es necesario encararlo con un enfoque integral, que incluya una mejora en el sistema de reclusión”. Mientras tanto el sector Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley que prevé la baja de la edad de imputabilidad, llevándola a los 16 años. Al exponer a radio “El Espectador” las motivaciones de la iniciativa, el diputado Germán Cardoso señaló que el problema de la minoridad infractora se ha agravado y que los cambios sociales hacen que actualmente los menores sean plenamente conscientes de las consecuencias de un delito, por lo que instó a “adaptar las normas jurídicas al momento que vive la sociedad”.
Puntualizó además que a esta altura Uruguay es la excepción entre los países de la región al mantener la edad de imputabilidad en los 18 años y recordó que en Costa Rica es de 12 años, al igual que en Venezuela y Ecuador, en tanto en Paraguay y Chile es de 14, mientras que en Alemania es de 14, en Inglaterra de 10, Holanda y España 14, tratándose todos de países que han adaptado sus legislaciones a la realidad que se vive en cada lugar. Por otro lado, la bancada de legisladores del Partido Nacional ya presentó un proyecto de ley por el cual se introducen una serie de modificaciones al actual Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823), el que entre otros aspectos penaliza la tentativa y la participación en calidad de cómplice de los adolescentes en todas las infracciones a la ley penal y no solo en aquellos que el artículo 72 del referido código califica como gravísimas. Asimismo, en materia de procedimiento y como modo de facilitar la investigación policial a efectos de reunir elementos probatorios, amplía de 12 a 24 horas el plazo de que dispone la Policía para poner a disposición del juez al adolescente detenido, en tanto otro artículo habilita al juez letrado de menores, en caso de infracciones gravísimas a la ley penal (homicidio, rapiña, violación, secuestro, privaciones de libertad) a extender el plazo de privación de libertad al menor condenado a diez años, siempre que éste tenga entre 16 y 18 años. Fundamentalmente la norma propone que en materia de registro de antecedentes judiciales y administrativos de menores infractores, se modifique el actual artículo 22 del código vigente que dispone su destrucción al alcanzar la mayoría de edad, habilitando su utilización a esos efectos en caso de que el menor devenido en adulto impulse o cometiere cualquier tipo del delito. Además, y lo que no es menos importante, el proyecto crea el Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor, como servicio descentralizado, a fin de encargarse de todo lo relativo a la internación, custodia, formación y rehabilitación de los adolescentes infractores. Es decir que ambos proyectos no solo son compatibles entre sí, sino que recogen elementos que reclama toda la sociedad al sistema político para que la Justicia y la Policía, así como otros organismos del Estado, cuenten con instrumentos para hacer frente a una minoridad infractora constituida en su mayoría por delincuentes consumados que no tienen el menor respeto por los bienes y la integridad física del prójimo, y que muchas veces se convierten en desalmados asesinos que tienen decenas de “entradas” policiales y han comparecido ante la Justicia, puestos en libertad o alojados en “hogares” correccionales de los que se fugan cuando quieren. Es cierto –al decir del vicepresidente de la República-- que deben procurarse respuestas integrales a esta problemática, pero lamentablemente lo que ha hecho la fuerza de gobierno hasta ahora es darle largas al asunto con el argumento de que algún día las políticas sociales darán resultado y por esta vía se reducirá la incidencia de la minoridad infractora y de la delincuencia en general. Este razonamiento peca de extrema ingenuidad, voluntarismo y delirio, a la luz de lo que vemos todos los días, y significa no querer ver lo que rompe los ojos: este estado de cosas no da más, se está llegando a la masa crítica en la que la sociedad se está rebelando contra esta pasividad exasperante de actores del sistema político que anteponen la ideología a la realidad. Sería bueno que representantes de todos los partidos, con altura de miras y sin preconceptos, se sentaran a tratar el tema y las propuestas formuladas desde la oposición, con aporte del gobierno, para obtener un proyecto que logre el mayor respaldo posible y genere alternativas al caos reinante en el tema de los menores infractores. Es lo menos que pueden hacer en defensa de una sociedad agredida, a la que todavía se pretende engañar con eslóganes fáciles y recetas de escritorio que pudieron tener alguna validez hace más de medio siglo, pero que actualmente son realmente una burla para una ciudadanía que quiere soluciones ya, antes de que la ola delictiva le pase por encima.