Nacionales | 29 Sep Dos legisladores del Frente Amplio propusieron proyectos para despenalizar el aborto, luego que en 2008 el entonces presidente Tabaré Vázquez vetara una norma que habilitaba la interrupción del embarazo. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública emitió un decreto que reglamenta la ley 18.426 sobre salud sexual y reproductiva, crea servicios integrales sobre la temática, fija más de veinte puntos a las cuales las mutualistas están obligadas a asesorar –incluso sobre el aborto-- y declara la gratuidad de los anticonceptivos.
La senadora socialista Mónica Xavier, impulsora en la pasada legislatura de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la legalización del aborto, volvió a la carga con un nuevo proyecto que habilita a toda mujer a interrumpir de forma voluntaria su embarazo hasta la décimosegunda semana de gestación. El presidente José Mujica votó la ley anterior como legislador y ha indicado que no vetaría una norma de este tipo, aunque preferiría que hubiera un plebiscito sobre el tema.
A diferencia del articulado anterior vetado por Vázquez, el nuevo proyecto ya no obliga a la mujer a alegar circunstancias de penuria económica, sociales o familiares, explicó Xavier a la AFP, añadiendo que se busca reconocer “la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. No cabe duda que la del aborto es una práctica muy extendida en Uruguay y los casos que llegan a la justicia no reflejan esta realidad. Eso refleja una doble conducta de la sociedad”, enfatizó.
Según datos de organizaciones no gubernamentales, en el país se realizan 33.000 abortos por año, lo que equivaldría a uno cada 20 minutos. A nivel judicial se estima que la cifra real es más del doble y que la práctica clandestina deriva anualmente en medio centenar de procesamientos y casi una docena de muertes. “Este tema en nuestra sociedad genera fuertísimos debates que aspiro que en algún momento los superemos para concentrarnos en la prevención. Hay que tratar de lograr que el aborto no sea usado como un método anticonceptivo”, opinó la senadora. El objetivo de Xavier es que el proyecto ingrese al debate parlamentario antes de fin de año y que pueda ser aprobado en 2011.
Por su parte, el diputado frenteamplista Álvaro Vega presentó otro proyecto que se limitaría a derogar el artículo de 1938 que declaró delito el aborto, con la meta de que en 2011 “este tema quede saldado”. Explicó que de esta forma “la sociedad no se mete en la discusión” y se evita que haya abortos inseguros, ya que la práctica no sería una conducta criminal. La norma vigente actualmente pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con la interrupción del embarazo y dos a ocho años de penitenciaría para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer. Se consideran causas atenuantes que se cometa “para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo”, por “razones de angustia económica”, si el embarazo fue producto de una violación o si se hace para salvar la vida de la embarazada.
Por otra parte, a partir de la reglamentación de la ley 18.426, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) están obligadas a conformar equipos formados por médicos generales, sicólogos y ginecólogos para asistir a mujeres y adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva, como anunció el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker. Esos equipos se dedicarán a diversas temáticas como la sexualidad placentera hasta prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
Para fomentar el derecho a la salud sexual y reproductiva, el ministro expresó que su cartera espera la aprobación del Presupuesto, pues incorpora un artículo por el cual permite vender anticonceptivos a las mutualistas a precio de costo. La falta de una reglamentación sobre ese aspecto provocaba un vacío jurídico que era necesario implementar, para que las mutualistas efectivicen los derechos sexuales que impulsa la ley, como expresó Olesker.
La Junta Nacional de la Salud dialoga con las instituciones médicas católicas para la implementación cabal de la ley. “Cuando alguien no cumple una prestación, siempre es observado. Puede ser una observación formal o un descuento en la cápita que recibe”, dijo. Un decreto de 2004 incluye el asesoramiento a los usuarios sobre aborto cuando las condiciones de riesgo del embarazo son arriesgadas, recordó el ministro. El presente decreto indica que ese servicio disponible desde hace seis años pasa al servicio de asistencia sexual y reproductiva iniciado por el decreto actual. Sobre el uso del misoprostol, dijo: “todo nuestro esfuerzo es que en todos los puestos de salud hayan servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Es una gran batalla que hay que dar porque ahí están buena parte de los derechos de la mujer, adolescentes y jóvenes y, recuerden, adolescencia y mujer son dos programas prioritarios”.