Opinion | 03 Oct El largo tironeo por recursos en la Ley de Presupuesto en estudio en el Parlamento, ante cuyas comisiones están desfilando además representantes de sectores e instituciones que aspiran a mejorar su dotación, signará como es tradicional en todo gobierno la instrumentación de las políticas de la administración que encabeza José Mujica, es decir que implica la hora de la verdad en cuanto a conjugar las promesas electorales con lo que es posible a través de los recursos materiales y proyectos que se elaboren.
Claro, tampoco se trata –por lo menos así debería ser— de no gastar todo lo que ingresa por recaudación de organismos del Estado e incluso más, agudizando el déficit fiscal, sino de compatibilizar lo que se tiene con lo que se puede sin a la vez comprometer el futuro por efectos de que se esfumen en nada que valga la pena los recursos extra obtenidos en épocas de bonanza, como si ésta fuera a durar toda la vida.
Pero sobre todo lo que genera sustentabilidad a efectos de mejorar las perspectivas de futuro es sostener un equilibrio fiscal a la vez que se promueve la inversión, es decir la fuente de generación genuina de riqueza, que no puede esperarse de un Estado que por el contrario no solo es consumidor de gran parte de esa riqueza, sino que a través de su carga impositiva y burocracia genera condiciones adversas para el desenvolvimiento de los emprendimientos de riesgo.
Estos elementos deberían bastar para hacernos una composición de lugar respecto a la importancia que reviste para el país el contar con condiciones para captar inversiones, lo que no solo tiene que ver con las facilidades para la instalación de empresas, sino que hace también al régimen tributario, cargas sociales, leyes laborales, estabilidad de las reglas de juego, seguridad jurídica y conflictividad sindical, entre otros aspectos que en mayor o menor medida inciden en las decisiones de los capitales de riesgo.
El Poder Ejecutivo, precisamente, se ha trazado como meta alcanzar el grado inversor para el Uruguay en dos años, pero para que las consultoras internacionales habiliten esta fase deberían corregirse algunas variables de la economía que a la vista de las calificadoras continúan siendo flancos débiles en el país.
Para ello es preciso reducir la carga de la deuda, consolidar un equilibrio fiscal que por ahora se ha mostrado esquivo, desdolarizar la economía y sobre todo, proyectar al ámbito internacional que el país tiene estabilidad y que ésta es sustentable en el mediano y largo plazo.
Es positivo que en los dos últimos meses, la calificadora Fitch y Standard & Poors elevaran la nota de BB- a BB, situándola en el mismo nivel que Brasil, es decir dos escalones por debajo del grado inversor, siguiendo los pasos de la japonesa R& I y la canadiense DBRS, en tanto la Moody aguarda los resultados de la misión enviada sobre fines del mes anterior para considerar la calificación, con la perspectiva de seguir los pasos de sus competidoras.
Estas agencias de riesgo consideran evaluar la situación económica y financiera de los países y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones, por lo que el volumen de los compromisos aparece como un factor fundamental en la evaluación.
Uruguay no sale muy bien parado en esta comparación, desde que la relación entre la deuda y el tamaño de la economía es un obstáculo para alcanzar el grado inversor y precisamente de acuerdo a la metodología de Standard & Poors la deuda uruguaya representa un 45 por ciento de su Producto Bruto Interno (PBI), cuando la media de los países con calificación BB ronda el 33 por ciento.
Como factor agravante surge que el 63 por ciento de esta deuda está nominada en dólares, por lo que siempre está latente la amenaza de que ante una crisis internacional que afecte los niveles de recaudación y provoque una suba en el tipo de cambio, la capacidad de hacer frente al pago de la deuda soberana se vea seriamente comprometida.
Ello explica que el equipo económico tenga la expectativa de reducir la deuda bruta respecto al PBI al término del presente período de gobierno, al tiempo que la emisión de deuda en unidades indexadas (UI) apunta a reducir la dolarización.
El convidado de piedra en el esquema es el déficit fiscal que afecta los procesos de endeudamiento, lo que indica que el nuevo gobierno debe seguir un plan realista para reducir la deuda pública y demostrar la disciplina fiscal. Ello conlleva inevitablemente reducir el gasto público, un desafío que la administración debe encarar con decisión en la etapa en que nos encontramos, es decir la definición del presupuesto quinquenal, y por lo tanto enfrentar con decisión y argumentación que no deje lugar a dudas los desbordes sindicales y de otros grupos corporativos que procuran hacerse con la mayor tajada de la torta en el reparto de dinero, cuando lo que está en juego es nada menos que el futuro del país.