Paysandú, Miércoles 06 de Octubre de 2010

Encargada de Jefatura Departamental de INAU procesada por omisión a sus responsabilidades

Policiales | 03 Oct La encargada de la Jefatura Departamental de INAU fue procesada ayer por la Justicia Penal por omisión contumancial a los deberes del cargo, en el marco de una investigación policial relacionada a la explotación sexual de menores de edad bajo la tutela de la institución.
Asimismo, un hombre de 59 años que se encontraba alojado en la Cárcel Departamental fue procesado en la misma causa al comprobarse --según información extraoficial-- que oficiaba como nexo entre las menores y potenciales clientes. Mientras tanto, los funcionarios no jerárquicos de INAU detenidos en el mismo procedimiento recuperaron la libertad, al tiempo que fuentes del sindicato de la institución hicieron hincapié en el sobreseimiento de los trabajadores, al tiempo que señalaron permisividad de las autoridades departamentales de INAU y reclamaron proyectos serios para los menores a cargo de la institución.
Varias detenciones
Como adelantáramos en base a versiones extraoficiales, el jueves por la noche efectivos de la Dirección de Investigaciones detuvieron a ocho funcionarias de INAU y a cuatro hombres, en el marco de un procedimiento vinculado a supuestos casos de explotación sexual de jovencitas a cargo de la institución rectora de minoridad, las que ejercerían la prostitución en nuestra ciudad. Si bien desde el principio las autoridades tanto policiales como de INAU mantuvieron absoluta reserva, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a EL TELEGRAFO los motivos del procedimiento, así como un elemento relacionado al suministro de estupefacientes. De todas formas, el jefe de INAU, Alejandro Salsamendi, confirmó la detención de los funcionarios sanduceros, en tanto un integrante local del sindicato de trabajadores de INAU aseguró que “desde hace mucho tiempo algunos funcionarios, a través del sindicato y el sindicato mismo”, habían denunciado y planteado “presuntas irregularidades”, algunas de las cuales tuvieron “el curso que deberían tener”. Asimismo, confirmó que la gremial proveyó representación legal a los trabajadores indagados, al tiempo que expresó su expectativa de que no se escondiese nada ni se dijesen “cosas que no son” o se ensuciase a los funcionarios.
Al cierre de nuestra edición de la víspera, trascendió que los funcionarios no jerárquicos indagados habían recuperado la libertad, pero que la encargada de la Jefatura Departamental de INAU, de iniciales M.N.I.M, así como la directora del Hogar Femenino, debían comparecer nuevamente ante la jueza Penal de Segundo Turno, Blanca Rieiro, en tanto no se descartaba que alguna de ellas fuese procesada. De acuerdo a nueva información extraoficial, la magistrada también solicitó la incautación de los libros donde los funcionarios del Hogar Femenino registran diariamente los movimientos de la dependencia, así como la comparecencia de supuestos solicitantes de los servicios sexuales de las menores involucradas, así como de Julián María Rosano Calero, de 59 años, quien se encontraba alojado en la Cárcel Departamental por un delito relacionado al suministro de estupefacientes.
En medio de total hermetismo, los interrogatorios continuaron hasta la madrugada y se reanudaron en la mañana de la víspera, en tanto se confirmó que los procedimientos eran una derivación de investigaciones que en 2009 culminaron con el procesamiento de dos individuos que explotaban sexualmente a internas de INAU.
Extensa investigación
A mediados de 2009, como resultado de una extensa investigación policial, el juez penal especializado en crimen organizado de Segundo Turno, Jorge Díaz, procesó a dos hombres de 56 y 59 años por delitos de violación y proxenetismo. En lo que constituyó la primera actuación en el Interior de dicho Juzgado, se comprobó --de acuerdo a versiones extraoficiales-- que jovencitas de entre 12 y 16 años alojadas en un hogar de INAU y otras que permanecían como pupilas en hogares sustitutos, se fugaban permanentemente para contactarse con personas que oficiaban de nexo con potenciales clientes, quienes a su vez las trasladaban a fincas particulares para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
La actuación policial incluyó allanamientos que posibilitaron la incautación de armas y drogas, en tanto la Justicia solicitó la comparecencia de las menores involucradas y sus responsables, así de como funcionarios de INAU. En aquella oportunidad, tanto los funcionarios como las jerarquías departamentales de la institución no fueron vinculadas ni responsabilizadas de la situación, razón por la que no fueron privadas de la libertad.
No obstante, pocas horas después de los procesamientos, las autoridades departamentales de INAU, encabezadas por la encargada de la dirección (M.N.I.M) convocaron a los medios de prensa para aclarar que de las jovencitas involucradas, solamente tres estaban a cargo de la institución y las demás bajo custodia de sus respectivas familias o referentes afectivos.
La jerarca hoy procesada insistió en que la institución colaboró permanentemente con la investigación policial y que la sicóloga del Hogar Femenino, Mariela Tagliani, acompañó en todo momento a las menores mientras se desarrollaba el proceso judicial. “Mi participación era estar con ellas, acompañarlas”, sostuvo Tagliani en esa oportunidad, en tanto la encargada de Dirección aseguró que una vez que los educadores y la responsable del hogar detectaron situaciones anómalas iniciaron un trabajo que “llevó a efectuar los planteos donde correspondía”.
Respecto a las características del hogar desde donde se fugaban las menores, aclaró que se trataba de “una casa abierta”, donde las jovencitas tenían la posibilidad de salir (en determinados horarios) acompañadas por sus familiares. “El tema es de doble perfil, porque en Paysandú no tenemos otro lugar”, explicó, en tanto garantizó que las menores involucradas serían sometidas a tratamiento y recibirían el apoyo necesario para sobrellevar la situación. “Sabemos que muchas de las chicas que estuvieron involucradas están en su medio familiar o afectivo. Eso también lo vamos a trabajar para tratar de que sea un proceso para todas iguales”, dijo y ratificó que en esta situación “las verdaderas víctimas” eran las menores.
Jerarca procesada
Finalmente ayer, luego de dos jornadas de interrogatorios, la jueza Rieiro dispuso el procesamiento sin prisión de M.N.I.M. por un delito de omisión contumancial a los deberes del cargo, así como el procesamiento con prisión de Julián María Rosano Calero por un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, contemplado en el artículo 5° de Ley 17.815 en régimen reiteración real con delito de suministro de estupefacientes especialmente agravado en calidad de autor, decreto Ley 14.294 en la redacción dada por la Ley.
Una fuente policial confirmó que Rosano oficiaba “como nexo” entre las jovencitas y sus “clientes”.
Repercusiones
Una vez conocido el pronunciamiento, fuentes cercanas al sindicato de trabajadores de INAU insistieron en que el fallo demostró que los funcionarios no eran responsables, en tanto confirmaron que la investigación policial venía “de mucho tiempo atrás”. Respecto a las circunstancias que posibilitaron estas situaciones, aseguraron que muchas veces en las dependencias “no hay reglas claras” y desde el ámbito jerárquico departamental “a veces se es demasiado permisivo”. Aseguraron que en ocasiones los jerarcas autorizan a las menores a “ir al baile” y cuando los funcionarios se oponen a alguna decisión son sancionados. Dijeron estar “tranquilos” ante el pronunciamiento judicial, ya que los trabajadores “quedaron exentos por haber cumplido con su función”, pero advirtieron que “esto no terminó” y la investigación seguirá su curso. También reclamaron “una revisión” de los procedimientos aplicados con los menores en las dependencias, así como la consideración de los “diagnósticos de situación” que hacen los empleados y la instrumentación de proyectos de “educación y trabajo” que no constituyan un “verso”.
El sindicato no se pronunciará hasta tanto no se lleve a cabo una reunión en Montevideo con el representante legal de los trabajadores investigados, tras lo cual “el lunes o martes” habrá un comunicado oficial.


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