Opinion | 06 Oct En más de una oportunidad hemos señalado que en la dilucidación del Presupuesto Quinquenal, actualmente a estudio en el Parlamento, se tiene presente solo la forma de distribuir los recursos, fundamentalmente entre organismos del Estado y los funcionarios públicos, pero hay escasa referencia o atención a quienes aportan el dinero para distribuir, que son precisamente los contribuyentes y que deberían tener alguna forma de expresarse sobre un tema que les atañe directamente.
En esta misma línea, el economista Javier de Haedo, en el suplemento “Economía y mercado”, del diario El País, reflexiona que la Ley de Presupuesto no es la más importante de un período de gobierno, “excepto para los políticos y los dirigentes sindicales del sector público que tienen una oportunidad relevante para administrar el poder por medio de los recursos públicos. Naturalmente, también es la más importante para el conjunto de los funcionarios públicos que se desempeñan bajo el paraguas presupuestal: algo menos de 200 mil, si se excluye a los funcionarios de intendencias y empresas y bancos estatales. Para esos funcionarios es también una oportunidad relevante, pero para ver acrecidos sus ingresos reales”.
Ocurre además que son mucho más los que pagan impuestos para financiar el presupuesto quinquenal que quienes se benefician con él, lo que indica que los más pagan para favorecer a los menos, y no necesariamente quienes pagan son los de mayor poder adquisitivo y, a la inversa, quienes reciben esos recursos no son los más necesitados, por lo que el sistema político, es decir el Parlamento y el Poder Ejecutivo, deberían hilar muy fino a la hora de decidir sobre el particular.
Debe tenerse presente además que en lo que refiere a la afectación de recursos no hay correlación estricta ni nada que se le parezca entre la cantidad de recursos asignados a un programa y la calidad de la gestión o del gasto respectivo, lo que no es habitual o al menos no es posible de evaluar. Tampoco es relevante la Ley de Presupuesto para quienes tienen más recursos, ya que esta parte de la población ni siquiera se abastece de muchos de los servicios que provee el Estado con cargo al Presupuesto.
Ello quiere decir que en gran medida, para la mayoría de los contribuyentes el Presupuesto conlleva muy pocas expectativas y, como bien señala Haedo, para la mayoría de la población todo lo referido al Presupuesto del Estado pasa más que por otros lados, por “cuánto más me va a costar (en impuestos)” y por “cuántos paros deberé soportar (mientras se produce la ley)”.
Y para colmo de males, se suceden las administraciones de gobierno, igual que las promesas de austeridad y contención del gasto, pero cuando llega el momento de considerarse el Presupuesto el sistema político actúa en esta instancia como si pudiera manejar a voluntad el cuerno de la abundancia, crear riqueza y repartirla con sus decisiones.
Indica Haedo, en observación que compartimos, que se trata el tema “como si el Estado tuviera un fondo infinito de recursos, como si no existiera el otro lado del balance, la necesaria contrapartida del gasto, los impuestos que alguien paga. Y, ciertamente, son muchos más los pagadores de impuestos que los beneficiarios del presupuesto. En personas y, en algo que algunos entienden más, en votos. Sin embargo, esa enorme mayoría es olvidada en esta instancia y solo se pone el foco en repartir recursos básicamente entre funcionarios públicos. Funcionarios que en promedio ganan más de lo que ganan quienes le pagan el sueldo con sus impuestos”.
Este es el punto que debe tenerse presente, por encima de los eslóganes y las presiones de grupos corporativos que pretenden sacar la mayor tajada posible en la distribución de recursos y que a medida que se acerca el plazo para la aprobación de la ley acentúan sus movilizaciones, de lo que es una clara muestra el paro general del Pit Cnt previsto para este jueves, a instancias de los sindicatos de funcionarios públicos nucleados en COFE.
Lamentablemente, la invocada “austeridad”, que no es otra cosa que cuidar los recursos que pagan los contribuyentes, tratando de usarlos criteriosamente en lugar de disponer de ellos como si fueran bienes de difunto, suele quedar por el camino en el tratamiento parlamentario, y se disponen gastos que muchas veces significan costos fijos como si el viento a favor en los mercados internacionales fuera a durar siempre. Por lo tanto, antes que abusar de los presuntos “espacios fiscales” para gastar más, deberían buscarse mecanismos para tener “espacios” de ahorro, con fondos que permitan hacer frente a las épocas de crisis, pese a la gran tentación –triunfante hasta ahora-- de gastar más para obtener réditos políticos.