Opinion | 04 Oct Los casos de prostitución infantil puestos al descubierto en una dependencia del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) en Paysandú así como la omisión de las autoridades locales, da la pauta de las falencias del organismo en cuanto a cumplir con sus objetivos en prácticamente todos los frentes y demuestra que se está muy lejos de satisfacer los requerimientos más básicos de la entidad, pese a los recursos humanos y materiales que consume.
Existen notorias fallas de gestión, por supuesto, pero a la vez la investigación de las autoridades judiciales y policiales evidenció serias grietas en la legislación y en el sistema de control, ya que un individuo recluido por narcotráfico y prostitución reclutaba --antes de ese procesamiento-- con fines de explotación sexual a menores de la institución, en algunos casos con complicidad desde adentro del instituto y en otras, amparándose en la omisión de la máxima jerarca departamental de INAU, procesada en las últimas horas por “omisión contumancial a sus deberes del cargo”. En definitiva por falta de compromiso, si se tiene en cuenta que se desarrollaba bajo sus narices y que se ponía atención a lo superfluo y los aspectos más intrascendentes en lugar de priorizarse lo que rompía los ojos para quienes más o menos tenían algún conocimiento de este submundo de la prostitución. Pero más allá de la actividad callejera de menores conflictivos y que provenían de hogares problemáticos, que salían en horas de la noche –a veces con permisos para “ir al baile”-- desde sus lugares de internación o de los hogares sustitutos para ejercer la prostitución, queda de relieve que el INAU hace agua en prácticamente todas las áreas de su incumbencia. Porque estas menores no solo no eran educadas, rehabilitadas y capacitadas para su inserción laboral y abrir su vida a otras alternativas sino que se han estado “perfeccionando” para ejercer un oficio que las marca de por vida y quedan encerradas en un círculo de droga, prostitución y degradación de valores del que cada vez les costará más salir. Y no se trata de rasgarse las vestiduras ante un episodio concreto como si fuera una sorpresa, sino que estamos ante un escenario que si bien es el sino de la época, se enmarca en un sistemático proceso de deterioro en el que está inmersa la sociedad por la pérdida de valores, pero que a la vez en aspectos concretos como el que nos ocupa no encuentra respuestas en los institutos del Estado responsables.
El caso del INAU es flagrante, porque no contiene, no rehabilita a la minoridad infractora y hay a la vez serias fallas en cuanto a la protección a la niñez desvalida. Tampoco ejerce los controles que tiene encomendados por ley en lo que respecta al ingreso de menores a bailes y otros espectáculos, así como en la venta de bebidas alcohólicas. No atiende debidamente a la minoridad en situación de calle y encima sus autoridades por lo general han pretendido “tapar el ojo” enfrascándose en cuidar pequeños detalles que puedan tener difusión a través de los medios de prensa, como lo fue el escándalo que en su momento montaron responsables del INAU porque se habían contratado menores para un desfile de modelos en Punta del Este, mientras a una cuadra del lugar había otras jovencitas ejerciendo la prostitución sin que se dieran por enterados.
Ello indica que hay un conjunción de omisiones, desatinos, incongruencias e hipocresía, y no solo en el INAU sino en la sociedad y en actores políticos que no saben ni quieren distinguir entre el árbol y el bosque ante problemas que --si bien son complejos y por ende requieren respuestas integrales para que resulten efectivas-- son desvirtuados en su esencia y en el mejor de los casos, encarados en forma descoordinada.
Pero sin dudas las sucesivas administraciones del INAU, en distinto grado, con mayor o menor dedicación, se han mostrado incapaces de generar condiciones en el instituto para atender la diversidad de la problemática, por falencias en gestión, en infraestructura, en capacidad de funcionarios y de sus jerarquías y se han ocupado de la defensa de sus “chacras” pretendiendo ignorar una realidad que solo no ve quien no quiere ver y/o se sabe responsable de este estado de cosas por acción o por omisión. Ya es hora de que el sistema político le hinque el diente al tema y por ejemplo cree un nuevo instituto que se ocupe de la contención y rehabilitación de los menores que cometen actos delictivos (“infractores”, de acuerdo al eufemismo con que se les conoce) dejando para el INAU la protección de niños y adolescentes desamparados, de modo de separar competencias y por la vía de una reestructura impostergable, promover que cada uno se ocupe de hacer lo que le compete de la mejor forma posible.