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Paysandú, Sábado 09 de Octubre de 2010

Armados... ¿hasta los dientes?

Opinion | 04 Oct Nuevamente un caso de un comerciante que disparó –y mató-- a delincuentes fue noticia. Cada vez es más común que los comerciantes, especialmente en la capital, posean armas para defenderse de los incesantes robos que los afectan, en algunos casos con consecuencias trágicas. Muchos de los delincuentes muertos de esta forma son menores de edad, que fácilmente se fugan de los hogares a los que han sido remitidos por la Justicia.
Pero el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no se animó a aconsejar sobre la utilización de armas de fuego, aunque admitió que “hay situaciones que aún no se han podido controlar”. “Si las personas tienen autorización para tener un arma, la habrán obtenido de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. En ese caso, no me animo a decirle que no la use”, dijo.
El Registro Nacional de Armas tiene una lista de cerca de 450.000 armas, que están en manos de civiles. A esa cifra se suman, según estimaciones del Ministerio del Interior y asociaciones civiles, otras 500.000 no registradas, alcanzando un total de poco más de un millón en poder de la población. Más del 80% de los uruguayos que compra armas dice hacerlo por una cuestión de “seguridad”, según datos de la Asociación de Lucha por el Desarme Civil. Según datos de importación del sector obtenidos por “El País”, mientras en 2006 ingresaron al país 1.063 armas de fuego, esta cifra trepó a 5.176 armas el año pasado. Pero hay un aspecto que no debe olvidarse: las armas muchas veces terminan en manos equivocadas, pues son hurtadas de sus dueños. De las 930 personas que murieron en tres años a causa de las armas de fuego, 366 fueron casos de homicidio.Sin embargo, Bonomi sí se anima a decir que “bajar la edad de imputabilidad no es la solución” para el tema de la minoridad infractora –por no decir delincuente--. Considera que se trata de un tema muy complejo que amerita una discusión profunda por parte de toda la sociedad. ¿Será que los prefiere muertos a manos de ciudadanos que no pretenden asesinar sino protegerse? ¿Es preferible que sean asesinados a que estén en establecimientos donde realmente cumplan sus penas y, sean rehabilitados mediante el trabajo y la educación?


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