Nacionales | 05 Oct La organización no gubernamental Campaign for Tobacco-free Kids brindará la asistencia financiera “que sea necesaria” a Uruguay para que enfrente un juicio de la tabacalera Philip Morris, que demandó al país por las medidas antitabaco implementadas en 2006. El gobierno ya nombró abogado y árbitro para enfrentar la demanda. El bufete Foley, Hoag & Elío, de Boston, el mismo bufete que defendió a Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las diferencias con Argentina, estará al frente de la defensa. “El costo (del arbitraje) en esta primera fase tiene un techo de 200.000 dólares, estimamos que el apoyo que vamos a recibir de Tobacco-free Kids excede en gran parte esa suma”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Por su parte, Matthew L. Myers, presidente de Campaign for Tobacco-free Kids, indicó a la AFP desde Washington que la organización seguirá trabajando con el gobierno “en relación al monto de contribuciones financieras que sean necesarias y efectivas”.
La organización “está comprometida en trabajar con el gobierno uruguayo para asegurarse de que tengan los recursos adecuados para pelear con Philip Morris International”, añadió. Myers saludó la decisión del gobierno de “pelear por la salud de sus ciudadanos y no dejarse intimidar por la industria tabacalera” y destacó que “está claro que grupos de salud internacionales, expertos legales y países en todo el mundo respaldan fuertemente” a Uruguay. A inicios de año Philip Morris International demandó al Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, por los presuntos daños causados por las medidas adoptadas en Uruguay. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, destacó que el caso contra Uruguay es “absolutamente nuevo”, no solo para el país sino también en el CIADI, por lo que “hay mucho interés a nivel internacional desde el punto de vista académico”. “Cómo se resuelva va a sentar jurisprudencia respecto al futuro”, resaltó. En un comunicado, la firma Abal Hermanos S.A., que representa a PMI en Uruguay, aclaró que la intención de la tabacalera no es que se elimine la prohibición de fumar en lugares públicos, sino que pretende que se revean las restricciones relativas a la publicidad y las advertencias sanitarias, que cubren el 80% de las cajillas.