Opinion | 07 Oct La problemática de los gobiernos locales, representados por las intendencias departamentales, con el agregado de las competencias de las alcaldías a partir de este período, es muy diversa y puede decirse que cada comuna tiene sus propios problemas y escenario propio, pero a la vez es posible establecer un denominador común en cuanto a puntos prioritarios de gestión, con apenas algunos matices que no representan el fondo del asunto. El ámbito para la dilucidación de planteos comunes y divergencias lo constituye el Congreso de Intendentes, que oficia como interlocutor común ante los organismos del gobierno central, incluyendo la Presidencia de la República, lo que evidentemente constituye un adelanto respecto al escenario anterior, cuando no existía este organismo y las comunas debían desfilar con la mano extendida ante las dependencias del gobierno central en procura de obtener muchas veces lo que les correspondía por derecho propio. No debe perderse de vista que la fuente de ingresos por excelencia de las comunas es la que se genera a través del cobro de patente de rodados y Contribución Inmobiliaria, que son de percepción directa, a lo que se agrega lo recibido del gobierno nacional por el Fondo de Descentralización que a su vez corresponde a parte de lo recaudado en impuestos por el gobierno central en los respectivos departamentos y a través del cual se devuelve a las comunas solo parte de la riqueza que generan y por tanto no se trata de una concesión graciosa del gobernante de turno. Evidentemente hay una gran diversidad de situaciones en las comunas. Existen algunas que tienen un nivel de recaudación muy elevado, como es el caso de Maldonado, con propiedades de subido valor y un parque automotor de características muy especiales, y otras como Flores, que es prácticamente la antítesis y debe hacer lo que puede con lo que obtiene por los impuestos de carácter local, acrecentados por su captación de vehículos de otros departamentos en la “guerra de las patentes”. Por supuesto, no se trata solo de recaudar, sino de tender al equilibrio en la gestión, volcando a obras, inversiones y funcionamiento recursos que tengan en cuenta lo que se genera por la percepción de impuestos y no especular con políticas de clientelismo político, para mantener votantes cautivos y tener por lo tanto más funcionarios que los que se puede mantener con los aportes de los contribuyentes. Éste es un mal endémico de intendencias de todos los colores, lo que es a la vez manejado por el gobierno central como un condicionamiento para la distribución de recursos, como si precisamente el gobierno nacional fuera un dechado de virtudes y sus ministerios, entes y organismos descentralizados no fueran el emporio del clientelismo político y de creación de cargos de confianza, como ocurre con el presente proyecto de ley de Presupuesto. Estos datos sirven para aproximarnos al escenario en que nos encontraremos cuando en la segunda quincena de este mes el presidente José Mujica convoque a una reunión con todos los intendentes en la estancia presidencial de Anchorena, para considerar entre otros temas el relacionado con la patente de rodados. El encuentro se extenderá durante toda una jornada, con un amplio temario en el que cada jefe comunal hará planteos referidos a su departamento.
Además de la patente única nacional --un punto en el que los intendentes han proclamado varios acuerdos y luego cada comuna cobró el valor que se le ocurrió, y tenemos por lo tanto a las de Colonia, Flores y San José con precios de remate para captar vehículos de otros departamentos-- aparece como un tema muy delicado a esta altura el de la deuda de las comunas con UTE, por concepto de alumbrado público.
Éste es un punto que debe ser evaluado en un contexto diferente, empezando por las competencias, dado que hasta la década del 70 el propio ente se encargaba del alumbrado y --como todos sabemos-- lo hacía con notorias deficiencias y dejando a las ciudades sumidas en la semipenumbra por la extrema parsimonia con que reponía lamparillas y la escasa inversión en la extensión de las redes de alumbrado. Ante las deudas que mantienen las comunas con el organismo, el mandatario analiza la posibilidad de acceder a la propuesta del Congreso Nacional de Intendentes en el sentido de traspasar a UTE el alumbrado de todo el país. “Que se queden tranquilos los jefes comunales que no les vamos a cortar la luz”, sentenció Mujica, aludiendo a que el 85 por ciento de las Intendencias tiene deudas con UTE. Esto no es de fácil dilucidación, ya que más allá de las deudas debe tenerse presente que tal como hace OSE con el agua potable, UTE debería ser el encargado del alumbrado. Pero ocurre que de ninguna forma podría admitirse regresar a la situación de la década del 70, cuando el alumbrado público era de una pobreza franciscana. Una cosa es una intendencia haciéndose cargo de esta tarea, con el ciudadano común reclamando directamente ante sus dependencias al menor problema, y otra diferente es que lo haga UTE, con una organización centralizada en Montevideo, donde las responsabilidades se diluyen y donde además existen muy malos antecedentes con el servicio que prestaba hasta hace pocos años. Es por todos estos factores que la “solución” debe evaluarse concienzudamente.