Nacionales | 07 Oct Fernández citado otra vez
La investigadora del Senado volvió a citar al ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, porque se supo que en 2006 aconsejó al Ministerio de Economía derogar el delito por el que procesaron a los Peirano y luego dio marcha atrás. La investigadora parlamentaria sobre la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, también acordó convocar para la próxima semana a dos abogados del Poder Ejecutivo y al especialista en derecho comercial Ricardo García Olivera, quienes participaron en la elaboración de la ley de quiebras. El objetivo es que expliquen si la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano fue quitada del proyecto de ley por un planteo de Fernández.
Fernández y los abogados irán el martes a comisión. El único que votó en contra de la presencia de Fernández fue Rodolfo Nin Novoa, de Alianza Progresista. “Es irrelevante, están dilatando la resolución. El objeto de la investigación es el tratamiento de la ley”, dijo a “El País”.
Fiscal del programa
El Partido Comunista anda siguiéndole los pasos al gobierno frenteamplista para ver si cumple con el programa electoral y le marca lo que no está cumpliendo. En la lista de incumplimientos están la convocatoria de una constituyente, la apertura de un frigorífico y una flota pesquera nacional. “Nosotros defendemos aspectos que están en el programa de gobierno del Frente Amplio”, dijo al matutino antes citado el senador comunista Eduardo Lorier.
Pero no todos están de acuerdo con la postura de los comunistas. La convocatoria de una convención nacional constituyente para que impulse una reforma constitucional no es apoyada por buena parte de los sectores frenteamplistas y fue dejada de lado por el presidente de la República José Mujica. Pero el programa del Frente Amplio señala que la constituyente deberá ser instalada en el primer año de gobierno. Tampoco entusiasma la idea de un frigorífico nacional y el vicepresidente Danilo Astori le bajó el pulgar.
Lorier opina que la “mejor ayuda” que pueden brindar los comunistas al presidente “es a cumplir el programa”. “Hay que ayudarlo evitando la apropiación indebida o el secuestro del programa por el bloque de poder de la derecha. No a sus intentos de dividirnos con un gigantesco operativo en curso”, añadió.
Para el Día de los Inocentes
La información brindada por la cadena de televisión española Antena 3 causó malestar y revuelo en el Frente Amplio, especialmente en los diputados vinculados al MLN-T. El informe del canal señala que tupamaros uruguayos estarían siendo entrenados en campos de entrenamiento militar en Venezuela, junto a miembros de la banda terrorista vasca ETA y guerrilleros colombianos de las FARC.
“Esa noticia era para el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Estuvo muy tentado por largar el chiste y le gustó tanto que lo largó ahora. Es un chiste”, señaló el diputado del MPP, Esteban Pérez. Destacó que “hace 37 años que no hay más guerrilla en este país” y que el presidente José Mujica “hace siete meses que está y es un dirigente histórico del movimiento tupamaro… Es un disparate”, dijo a Canal 12. No obstante, descartó que el informe cause polémicas a nivel político.
Por su parte, el diputado del MPP, Alejandro Sánchez calificó la noticia de “ilógica”. “Hace bastante tiempo que (el MLN-T) ha decidido participar, desde 1985 en adelante, de un proceso democrático y me parece poco realista que se esté planteando que el MLN esté formando gente en Venezuela”, sostuvo. “Me parece una locura, lo desmentimos absolutamente”, agregó.
Menos multa
La bancada de senadores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para modificar la multa hacia los sectores políticos que incumplan con la rendición de cuentas de la campaña electoral ante la Corte Electoral, tal como lo establece el artículo 38 de la ley de partidos políticos.
Informó “El Observador” que, de acuerdo con la ley vigente, los responsables de campaña que “omitan” el envío de la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos serán sancionados con una multa de 5.000 Unidades Indexadas por cada día de atraso hasta que se verifique la entrega. En caso de que el responsable sancionado no la haga efectiva, se le retendrán los ingresos del Estado previstos por participación en elecciones.
La propuesta del oficialismo intenta limitar la multa en este último caso, puesto que indica a texto expreso que la sanción económica a cada lista que incurra en esa infracción, “en ningún caso” podrá ser superior al monto que le correspondiere percibir del Estado por la participación en las elecciones. “La sanción debería recaer sobre los responsables en la omisión, lo que surge claramente de la referencia a la lista infractora”, dice la exposición de motivos. Por cada voto en las elecciones nacionales los partidos reciben 175 pesos, en las departamentales y las internas 26, y 20 pesos por cada sufragio válido en el balotaje.