Nacionales | 05 Oct El gobierno flexibilizó su postura y aceptó realizar modificaciones al Presupuesto en artículos que refieren a los funcionarios públicos, como la ley de negociación colectiva, contratos y la reestructura organizativa. Aunque no todos los reclamos de COFE y del Pit Cnt fueron atendidos, los funcionarios serán llamados a negociación cuando se discutan los aumentos salariales y también cuando se analice la reestructura del Estado. En las oficinas de la residencia presidencial de Suárez y Reyes se realizó una reunión entre el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, al prosecretario Diego Cánepa, el director de la OPP, Gabriel Frugoni, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta y los representantes del Pit Cnt, Juan Castillo y Fernando Pereira, así como el presidente de COFE, Pablo Cabrera. La reunión se convocó a raíz de los reclamos de la central obrera respecto a algunos puntos del articulado, específicamente la Sección II que refiere a los funcionarios públicos. Breccia explicó que se planteó una situación de “visiones parcialmente diferentes” respecto al capítulo 2 que versa sobre los funcionarios públicos de la Administración Central, en el cual se incluyeron algunas normas sobre la vinculación de las personas con el Estado, los contratos de los funcionarios y las reestructuras administrativas que se espera llevar adelante. Agregó que en una primera etapa se realizarán reestructuras en tres de los 15 incisos de la Administración Central y posteriormente en los demás incisos hasta completar la reestructura organizativa general.
En este marco, el Pit Cnt realizó algunas solicitudes específicas, como la referida al artículo 6º, en el que se faculta al Poder Ejecutivo a aprobar las reestructuras organizativas que se pretenden efectuar. Se estableció que esa reestructura organizativa se realizará sin perjuicio de lo establecido en la ley 18.508, lo cual significa que se incluya en los ámbitos de negociación colectiva planteados en la norma. En cuanto a los contratos previstos como uno de los vínculos laborales a generar entre el Estado y sus trabajadores, Breccia dijo que se estableció un contrato temporal de derecho público, que se podrá realizar con la Administración para cubrir necesidades que no se puedan cubrir con los funcionarios presupuestados. Este contrato preveía un término de tres años y se establecía que la prórroga de dicho contrato no podría superar el período de gobierno, lo cual lo hacía parecer a un contrato político. Ahora se estableció que en lugar de ser hasta no poder superar el período de gobierno, se establece una prórroga por única vez hasta por la misma cantidad de años, pudiendo llegar a una extensión máxima de 6 años en total. “Este contrato temporal de derecho público nos va a servir para esta especie de transición hacia las nuevas estructuras organizativas. Pero no pretendemos que el mismo se perpetúe”, aseguró Breccia. El otro punto de fricción refería al artículo 4º de la Sección I del Presupuesto, sobre el ajuste de las remuneraciones de los funcionarios de los incisos 02 al 15, donde se realizaron variantes. Entre ellas, se estableció que los eventuales incrementos salariales que no estén incluidos en esta ley de Presupuesto se determinarán por los procedimientos y en los ámbitos previstos por la ley de negociación colectiva. “Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio y vemos el futuro con optimismo”, sostuvo. Durante el encuentro se insistió en la coherencia que tiene toda la Sección II, lo cual brinda un conjunto de herramientas que apuntan básicamente a los puntos 2 y 3 de los ejes de la reforma que van hacia la simplificación de los contratos y la transparencia de los contratos de confianza política y técnica. El artículo 4º refiere a que los aumentos que se encuentren por encima del piso estipulado se harán mediante los procedimientos de la negociación colectiva en el sector público. Asimismo, Breccia agregó que la negociación con los funcionarios públicos en el consejo superior de negociación tripartita para el sector, está establecida desde hace más de tres meses. Allí se han discutido los lineamientos y el primer borrador de trabajo del que resultaron estos artículos que se incluyeron en la Sección II del Presupuesto.
Afirmó que desde el inicio, a la interna del grupo que trabajó sobre la elaboración del presupuesto, siempre se le planteó que las reestructuras organizativas iban a estar dialogadas con los trabajadores. Por su parte, los representantes de la central obrera y del sindicato valoraron positivamente la reunión, aunque no se logró la totalidad de sus demandas en torno al Presupuesto. “Para nosotros es fundamental que la visión con que se pueda ver el ingreso a la función pública sea estrictamente a través del derecho público y no en el derecho privado, como lo dejaría entrever el artículo 67”, resaltó el presidente de COFE.
Asimismo, subrayó que era esencial que se marcara a título expreso la referencia a la negociación colectiva, porque en el proceso de la gestión anterior muchas de las cosas que se podían entender como lógicas y que debían pasar, no sucedieron. Incluir este tema en forma expresa brinda la seguridad de comenzar el camino siempre por el ámbito de la negociación y no en la aplicación a la norma sin previa discusión con los trabajadores. En cuanto a los contratos, agregó que existe una discusión de fondo que se debe dar todavía con el Poder Ejecutivo para visualizar la verdadera definición que se les dará a las estructuras, las verdaderas funciones que se prestarán en cuanto a los objetivos políticos del gobierno.