Opinion | 08 Oct En las últimas horas el Poder Ejecutivo lanzó una batería de medidas que apuntan a reducir el empleo informal, el que de acuerdo a estimaciones oficiales se ubica en el entorno del 30 por ciento, aunque en algunos círculos se considera que entre quienes trabajan totalmente en negro y quienes lo hacen en forma parcial, este guarismo puede ser significativamente superior. El primer documento fue presentado por el gobierno con propuestas para reducir la informalidad del empleo en el marco del “Ambito por la Inserción y la Formalización del Trabajo”, que integran los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, Industria, Energía y Minería; Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. En este contexto el presidente del BPS, Ernesto Murro, anunció una serie de medidas que se implementarán en el corto plazo para facilitar la formalización de sectores con bajos ingresos, que incluye un proyecto de ley para la inclusión de jardineros en el sistema de aportes a Industria y Comercio, ya que actualmente esta actividad está contemplada en el régimen de trabajadores rurales. Paralelamente, otra iniciativa promueve la creación del Monotributo Social Mides, que procurará establecer un aumento gradual del aporte para aquellos emprendimientos que se encuentren en el marco de proyectos sociales apoyados por este ministerio y en principio el mínimo del aporte será del 25 por ciento, para alcanzar al 100 una vez que la actividad llegue a los tres años de registrada ante el BPS. Por otro lado, la propuesta incluye la ley que está discutiendo el Parlamento para subsidiar a la industria de la vestimenta, que tiene alrededor del 50 por ciento de sus trabajadores bajo el informalismo. Precisamente la normativa creará un sistema de trazabilidad para esta cadena con el objetivo de asegurar la sustentabilidad a futuro. Otro elemento refiere a la aplicación de un decreto para extender el monotributo a nuevas actividades que actualmente deben hacerlo bajo el régimen de unipersonales ante el BPS, en una serie de ocupaciones precarias como limpiacoches y cuidacoches, guías de turismo, personal de paradas de taxis, paseadores y entrenadores de mascotas, trabajadores sexuales, así como limpiadores de casas, edificios y locales similares, además de productores de bloques, entre otros trabajos. En tren de comparaciones, igualmente el escenario ha mejorado respecto a años anteriores, si consideramos que según el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, el informalismo se redujo del 49 por ciento en 2004 a 32 por ciento a fines de 2009, en tanto --según publicó el Instituto Nacional de Estadística-- esta informalidad es del 29,8 por ciento en setiembre, distribuida desigualmente en el territorio nacional, con una situación más comprometida en los departamentos fronterizos con Brasil. Pero por añadidura, el universo de las personas que están ajenas al sistema de seguridad social, y por ende las más vulnerables y expuestas, son las de menor formación cultural y capacitación, si tenemos en cuenta que el 86 por ciento de los trabajadores que no se encuentran registrados en la seguridad social no han culminado los estudios secundarios y solo el 43 por ciento terminó Primaria, en tanto las ramas de actividad con mayores tasas de informalismo son la construcción y el comercio. Estos elementos por sí solos son indicativos de la situación de precariedad en que se encuentran decenas de miles de trabajadores en todo el país, quienes quedan fuera del sistema, además de resultar perjudicados en cuanto a sus derechos en materia de cobertura de seguridad social, sobre todo cercenando sus posibilidades de acogerse a los beneficios jubilatorios. La premisa de que si todos pagamos, todos vamos a pagar menos, es aplicable tanto al esquema impositivo como en lo referente a los organismos previsionales, lo que explica la importancia de promover y respaldar la iniciativa gubernamental que apunta a la regularización del trabajo precario e informal en todas sus formas, dado que estamos ante un viejo problema en el Uruguay, con un “núcleo duro” que ha sido muy difícil de abatir por diversidad de causas, sobre todo por el bajo nivel económico de quienes se encuentran al margen del sistema, si se tiene en cuenta que prácticamente la mitad de los involucrados gana menos de un salario mínimo nacional, que actualmente es de 4.729 pesos.