Coordinadora y
Directorio de ANV

Locales | 13 Oct Cuatro complejos de viviendas IC de Paysandú lograron activar la regularización de su situación ante la Agencia Nacional de Viviendas (ANV), luego de reunirse con el Directorio de la institución estatal, según confirmaron a EL TELEGRAFO representantes de los vecinos.
Se trata de los barrios IC9, de Quebracho y los IC 10; IC19 e IC 20 (estos últimos en su segunda etapa). Es que cuando restaba la regularización de estos barrios, construidos en su momento por convenio entre la Intendencia de Paysandú (que dispuso de los terrenos), el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) que lo financió y los vecinos, la ANV se vio superada por el trabajo y la escasez de funcionarios, lo que determinó un enlentecimiento de los trámites. Esto, según dijo el Directorio a los delegados sanduceros, se solucionará enviando las listas a las dependencias de la ANV en todo el país para que se continúe con el sistema de quitas y regularizaciones.
Debemos recordar que por la ley de creación de la ANV y el nuevo plan de viviendas, se hacen quitas de entre 1000 y 1200 unidades reajustables por cada vivienda social del plan, lo que significa un descuento que supera los 20.000 dólares, y hay casos en que con esto la deuda original queda saldada, como ya se ha hecho en los anteriores 16 casos de los IC sanduceros, donde no se había aplicado esa ley.
Por aplicación de una ley
Por otra parte, otro de los inconvenientes fue que el Banco Central recordó que debe aplicarse una ley de 2002, la número 17.613, sobre intermediación financiera y fortalecimiento bancario, que determinaba que quienes debían más de 24 cuotas de un crédito, no podían hacer ningún trámite mientras no saldaran, denominándose al cliente como “cuenta castigada”. Sin embargo, se entiende que esta ley no corresponde aplicarse para el caso de la compra de vivienda por el régimen de los IC, por lo que deberá coordinarse entre el BHU -ex acreedor de los promitentes compradores- y la ANV, que es la encargada de regularizar. Para eso, se deberá disponer de cambios en el programa informático, ya que la base de datos de deudores del BHU todavía registra a los IC, e impide que hagan los trámites correspondientes. Surgieron algunos problemas incluso en algunos que ya habían regularizado su situación y saldado su deuda merced a la quita, y ahora se aplicó la ley, que no había sido considerada, y deberían hacer nuevamente los trámites. Sin embargo, eso será revisado y solucionado, dijeron.
Fraccionamiento y títulos
También se planteó la situación de los 20 barrios IC, que comprenden a 825 familias, con respecto a una de las exigencias de la ANV, que es que los compradores deben integrar una Comisión Administradora, estar al día con los gastos comunes y pagar la contribución inmobiliaria y demás tributos municipales. Esto rige para los complejos de vivienda hechos sobre terrenos particulares, pero los IC fueron construidos sobre terrenos municipales, y al no haberse hecho el fraccionamiento y titulación, no hay pago de impuestos porque el terreno, para Catastro, sigue siendo municipal.
Sobre este problema, los representantes de los IC se entrevistaron con el director de Vivienda de la Intendencia, Nicolás Olivera, y plantearon la necesidad de hacer la tramitación correspondiente. El jerarca municipal afirmó que se verá la forma en que puede hacerse este trámite, que tiene costos importantes ya que los terrenos y cada vivienda deben ser mensuradas por ingenieros agrimensores, y además está el costo de inscripción en el Catastro Nacional. De todas maneras, se buscan formas de poder financiar estos costos a efectos de lograr que cada vecino que haya terminado de pagar obtenga su título de propiedad.
Los “intrusos”
Otro de los aspectos tratados con el directorio de la ANV, fue la situación de los denominados “intrusos”, que en algunos casos son ocupantes ilegales pero en la mayoría de las situaciones son familias que “compraron” la vivienda sin regularizar los nombres en el BHU, o bien son herederos de los titulares.
Al respecto, se considerará caso por caso para ver exactamente en qué situación se está, de manera de que todos quienes ocupen viviendas de la ANV estén legalmente registrados como tales. Los mayores problemas sin embargo no son en los IC, sino en las viviendas que estaban destinadas específicamente a jubilados, según pudo saber EL TELEGRAFO.