Opinion | 12 Oct En las últimas horas las fuerzas vivas de Guichón, tras reunirse en asamblea con autoridades departamentales y legisladores procuran en una acción contrarreloj revertir una decisión inconsulta --que proviene precisamente de un gobierno que proclama que ha hecho de la consulta y la participación su perfil de gestión-- que incorporó dos artículos al proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal por los que se compromete la autonomía del Hospital de Guichón, de la misma forma que de una veintena de otros centros del Interior.
El alerta provino del medio centenar de funcionarios del Hospital de esta ciudad de nuestro departamento, pero el problema involucra a toda la comunidad de la zona y a decenas de miles de vecinos del Interior profundo que reciben asistencia por este medio y que en la óptica del gobierno central deben someterse a este tipo de decisiones sin haber sido siquiera consultados, por lo menos, por un mínimo de respeto hacia quienes van a ser afectados por decisiones políticas.
Según evaluación de dirigentes políticos sobre los alcances del artículo 681, la norma equivaldría a la desaparición de la Unidad Ejecutora 041 del Centro de Salud, como así también de las otras unidades ejecutoras, dejando una por departamento en el marco de la instrumentación de la denominada Red de Atención Primaria de Salud.
Como bien sostiene el diputado colorado Walter Verri, esta medida implica “dar un paso atrás muy grande”, ya que priva a Guichón de su Unidad Ejecutora y por ende “las atribuciones”, lo que significaría “emparejar hacia abajo”, una postura que no es privativa de este tema, sino que se ha dado en otras instancias, como fue por ejemplo el caso de la vacuna contra el papiloma humano, que no podía administrarse en el sector privado si antes no era incorporada por el Ministerio de Salud Pública.
De acuerdo a lo manifestado por las autoridades ministeriales y de ASSE ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el recorte de autonomía de estos centros obedece a cuestiones administrativas y refiere a la aplicación de un sistema que “había dado resultado en Montevideo”, lo que posibilitaría que extrapolado al Interior corregiría la situación de muchos centros auxiliares que “funcionaban muy mal”.
Esta asimilación del Interior a lo que se hace en Montevideo es un mal endémico de este y anteriores gobiernos nacionales, que responde a un absoluto desconocimiento y a imponerle a los “canarios” como se deben hacer las cosas, y en cuya aplicación, al emparejarse todo hacia abajo, se cometen flagrantes injusticias en lugar de atacarse puntualmente lo que esté mal.
En el Hospital de Guichón, como en tantas dependencias del Ministerio de Salud Pública, hay situaciones a corregir, pero el balance en cuanto a la atención para la zona es eminentemente positivo, e incluso se le venden servicios a la mutualista local. Además, como ocurre en todo el Interior, hay un involucramiento manifiesto de la comunidad con “su” Hospital, para el que --contrariamente a lo que se hace en Montevideo, donde se está siempre con la mano extendida para reclamar recursos a los organismos del Estado concentrados en la capital-- se organizan beneficios y se reciben frecuentemente donaciones para su equipamiento y mantenimiento. Porque el ciudadano del Interior lo siente como una obligación hacia sí mismo y sus conciudadanos y como forma de expresar su solidaridad hacia un instrumento de bien comunitario.
Cuando estamos todavía en el tratamiento parlamentario del tema, aunque los tiempos urgen porque el punto va a ser objeto de consideración ya esta semana, el gobierno tiene tiempo de dar marcha atrás a través de sus legisladores en la redacción de los artículos cuestionados, pues es de sentido común rectificar errores y eventualmente tomar en consideración elementos de juicio que han sido soslayados en el tratamiento en primera instancia, sobre todo cuando las cosas se hacen desde detrás de un escritorio y no se toma el trabajo de enterarse y vivir las realidades de cada comunidad.
Y es de esperar que en esta oportunidad los legisladores y las autoridades ministeriales tengan el buen juicio de reconocer que no son dueños absolutos de la verdad y que existen alternativas a medidas que pueden resultar más perjudiciales que las situaciones que se pretende corregir a través de su aplicación. Se trata simplemente de tener ojos, oídos y mentes abiertas a la comunidad que se dice servir, y a la que a menudo se ignora con soberbia, pese a los discursos de ocasión.