Nacionales | 12 Oct Con 52 votos a favor en 94, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto. Como se esperaba, los votos fueron del Frente Amplio y el Partido Independiente, y hubo duras críticas a los nuevos cargos y ajustes a los funcionarios públicos. El proyecto será votado artículo por artículo y luego deberá pasar al Senado para su aprobación definitiva.
El diputado Alfredo Asti presentó el informe del Frente Amplio, delineando las prioridades del gobierno en este Presupuesto con el que apunta a “la continuidad de los cambios” iniciados en la pasada administración. Informó sobre el fortalecimiento de la protección social, la seguridad (el Ministerio del Interior tendrá un 42% más de recursos), la vivienda y la educación. Destacó una mayor inversión en infraestructura mediante recursos presupuestales, aportes de los entes y la asociación con privados.
El diputado frenteamplista Gustavo Bernini señaló fuera de la cámara que el proyecto de Presupuesto aprobado apuesta por destinar a políticas sociales dos tercios de los recursos asignados, con lo que se podrá alcanzar “la utopía de eliminar la indigencia y reducir a la mitad la pobreza. La economía de Uruguay está sólida y en crecimiento y el gobierno distribuye la riqueza”, añadió.
Si bien acompañó el texto en general, el Partido Independiente marcó “varias objeciones”, básicamente en la política fiscal. En su informe, los independientes plantearon la necesidad de adoptar “una regla fiscal para hacer sostenible el crecimiento económico, implementando políticas contracíclicas” que permitan ahorrar en tiempos de bonanza para utilizar recursos en momentos de crisis. Además, sugieren la creación de un fondo de reserva, así como la definición de un tipo de cambio real más elevado.
Pero los partidos Nacional y Colorado votaron en contra y coincidieron en señalar que los planes económicos del gobierno tienden sólo a “incrementar los gastos” y destinan demasiados recursos a crear “cargos políticos y de confianza”. El principal punto de discordia estuvo centrado en el 4º artículo, que prevé la convocatoria al Consejo Superior Tripartita para discutir un correctivo si la inflación superara el 10% anual, lo que es rechazado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que pretende aumentos automáticos.
El diputado nacionalista Javier García lamentó que pese a la promesa efectuada por el presidente José Mujica de impulsar la reforma del Estado con este Presupuesto, no exista en el proyecto “ninguna cláusula que hable de este tema”. Consideró una contradicción la intención de crear nuevos puestos “innecesarios” en la Administración Central y pidió destinar esa parte del presupuesto “a la inversión en vivienda, seguridad y educación, porque son temas muy sensibles y más efectivos para mejorar”.
El informe del Partido Nacional señala que “la simplificación de los contratos públicos” propuesta por el gobierno “sólo quedó en una intención” y destaca la existencia de 17.000 contratos precarios pese a que desde 2005 se regularizaron funcionarios para “ordenar el caos”. En tanto, el Partido Colorado reclamó ser “cauto” con el gasto. Advierte en su informe que “el gobierno asume un escenario optimista para proyectar los futuros ingresos y luego toma hasta el último peso imaginado y lo compromete en gastos que en su casi totalidad son de naturaleza permanente”.