Opinion | 13 Oct Con los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente, que hicieron una mayoría de 52 en 92 diputados, la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, para pasar luego a la discusión en particular, en cuyo transcurso se desmenuzará punto por punto y en la que, por lo tanto, los apoyos pueden cambiar, aunque ello no significará en esencia un cambio sustancial respecto al perfil de la iniciativa ni a su contenido. Por encima de consideraciones sobre los temas en particular incluidos en la norma presupuestal, surge a primera vista que lamentablemente este gobierno ha recaído en la práctica de su antecesor de apostar todo a ganador, es decir, gastar todos los ingresos que se obtienen de la bonanza económica de que goza el país como consecuencia del escenario internacional favorable, sin tener en cuenta que se incorporan por esta vía compromisos fijos que luego serán un condicionamiento muy severo si el viento cambia de rumbo en los mercados para nuestros productos básicos de exportación. Se ha renunciado por lo tanto a la posibilidad de utilizar la coyuntura favorable como elemento de política contracíclica, o sea de generar un colchón de recursos previendo que a la bonanza le suceden períodos no tan favorables y que es cuando se pone a prueba la vulnerabilidad del país. Y lamentablemente ésta persiste, por cuanto no se han introducido cambios estructurales, sobre todo en lo que refiere a la reforma del Estado, para reducir costos a los sectores reales de la economía y hacer sustentable la inversión y el desarrollo. En cambio, se distribuye todo lo que hay en una suerte de ruleta rusa con los recursos disponibles por los factores que apuntábamos, por lo que han quedado atrás enunciados como “transformar y hacer un Estado al estilo de Nueva Zelanda”, como en su momento había manifestado el presidente José Mujica, pero sin tampoco ensayar nada que se parezca a una reforma del Estado, que tanto se ha pregonado y que una vez más queda “en agua de borrajas”, a juzgar por la forma en que se plantea la afectación de recursos y el ordenamiento del gasto en el Presupuesto. La transformación de cargos de alta especialización en puestos de “particular confianza” política, entre ellos el de auditor interno de la Nación, provocó un debate a barras vacías sobre una “reforma del Estado al revés” y con ingresos “a dedo”, en el tratamiento de la ley en general, dado que estos artículos parecen ir también en contraposición con la austeridad que había señalado el presidente como el sesgo de su gestión, por lo que queda de relieve una vez más que la realidad ha podido más que las buenas intenciones y que las corporaciones de funcionarios públicos y grupos de presión le han torcido el brazo al gobierno, cuyos integrantes seguramente han llegado con una idea pero han debido rebajar drásticamente la apuesta para no chocar con un status quo contra el que no ha podido ningún gobierno hasta ahora, y con el que ni siquiera pudo la dictadura, con todo el poder en sus manos. Tras aprobar el Presupuesto en general también se sancionó todo el capítulo de funcionarios públicos y el polémico artículo 4, que establece que los funcionarios públicos tendrán un ajuste salarial anual asegurando el salario real, pero sin un segundo ajuste si la inflación supera el 10%. La oposición votó solo algunos artículos vinculados a una reforma del Estado que definió como “la reforma al revés”.
La polémica subió de tono cuando se votó el artículo 39, que transforma ocho cargos de “alta especialización y alta prioridad” en cargos de “confianza política”: auditor de la Nación, director de la Propiedad Industrial, director del Museo Histórico Nacional, director técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE), inspector general de Trabajo, director técnico de Energía, director de Catastro y director de Pequeña y Mediana Empresa. Es decir que, como lo establecieron diputados de la oposición, por esta “reforma” se sacan técnicos y se otorgan los cargos por confianza política, una práctica que no es un invento de este gobierno, sino una característica de todas las administraciones, lo que da la pauta de que no hay magia en política ni nadie ha descubierto la pólvora, aunque se pretenda transmitirlo así a la ciudadanía.
Pero no todas son espinas, por lo menos para el ciudadano común, que es el que paga los desaguisados que se incluyen en todos los presupuestos y que nunca es consultado respecto a los destinos que quiere dar a su dinero. En este Presupuesto se refuerzan significativamente los recursos con destino al Ministerio del Interior, incluyendo mejoras para los funcionarios policiales a los que gradualmente se les irá integrando al salario lo que perciben por el Servicio 222, y como contrapartida reduciendo las horas que trabajan fuera de la Policía. Es por lo menos uno de los instrumentos posibles para mejorar la seguridad, que es un reclamo que se hace sentir cada vez más fuerte a lo ancho y a lo largo del país, y que deberá ser acompañado por otras medidas en materia de legislación penal, en el tratamiento de la minoridad infractora, en la gestión de organismos del Estado que se muestran omisos ante una realidad que por fin se asume desde el punto de vista presupuestal, aunque todavía hay sectores del oficialismo que se resisten a aceptarla.