Nacionales | 15 Oct Un papelón
La Intendencia de Canelones debió renunciar a la coordinación de un proyecto de integración regional, luego que una agencia española que lo financia reclamara justificar gastos de una subvención por 760.000 euros. Ahora el proyecto será reformulado y se hará cargo el Congreso Nacional de Intendentes. Esa iniciativa nació en el 2008 cuando la administración de Marcos Carámbula ejercía la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades.
Según informó El País, el jueves 7, un día antes de que la subvención española se retirara por el incumplimiento de Canelones, los coordinadores del Mercosur del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos (FCCR) se reunieron en Foz de Iguazú (Brasil). Allí acordaron que la comuna canaria debía ser sustituida por el Congreso de Intendentes de Uruguay como unidad gestora del Proyecto de Integración Fronteriza. En la reunión, el representante uruguayo y secretario general de la comuna canaria, Gerardo Orsi, señaló que los atrasos en la justificación de los gastos por la Intendencia se debieron “apenas a algunos problemas puntuales” del Proyecto de Integración Fronteriza que coordinaba la administración Carámbula.
Nuevo problema
Ahora Canelones deberá entregar al Congreso de Intendentes los desembolsos ya recibidos de la Aecid; apoyar las negociaciones para que la justificación de gastos de Canelones ante la agencia española se realice en un plazo “lo más breve posible”; en lugar de Canelones, el Congreso de Intendentes pasará a ser la unidad gestora del Proyecto de Integración Fronteriza que “será reformulado” en base a la propuesta presentada por el coordinador de Brasil. El desembolso de 760.000 euros que deberá hacer, será un nuevo problema para la Intendencia de Canelones que enfrenta una crisis financiera importante ya que posee un déficit acumulado de U$S 160 millones y padece problemas para hacer frente a sus tareas básicas como bachear las calles. Para empeorar las cosas, en el próximo año, Canelones deberá devolver a Montevideo una partida de U$S 6.000.000 usada para mejora de gestión”.
Ropita nueva
La guardia presidencial pronto estará de estreno: el gobierno destinará unos $ 500.000 a la compra de ropa para el personal de seguridad de la Presidencia y choferes.
La seguridad presidencial tiene a su cargo la seguridad en la Torre Ejecutiva, los ministerios, la residencia particular de Mujica, la residencia de Suárez y Reyes y la estancia Anchorena, así como a otros altos funcionarios gubernamentales. Una resolución de la Dirección General de los Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República publicada en el sitio web oficial del gobierno, dio cuenta de la adjudicación de una licitación abreviada para la compra de vestimenta para la custodia oficial por un monto de $ 491.626. La resolución oficial detalla que la Presidencia adquirirá 90 trajes de vestir para caballero color “gris pizarra” a un costo de $ 2.549,80 cada uno. También se comprarán 180 camisas de vestir para hombre a $ 213,50 por el valor unitario. Para completar la formalidad del atuendo, se comprarán 90 corbatas a un costo de $ 250 cada una.
Finalmente, en cuanto a los zapatos -de goma, acordonados y de color negro- se especifica que se adquirirán 90 pares en $ 1.574 cada uno. La Presidencia también comprará 96 cinturones de cuero –90 de hombres y 6 de mujer-- a un precio unitario de $ 352 por unidad. Además, y en lo que refiere a la vestimenta femenina, se prevé comprar seis trajes (chaqueta y pantalón) color gris oscuro. El precio unitario ofrecido por la firma a la que la Comisión de Adjudicaciones recomendó realizar la compra fue de $ 2.427, 80. También se comprarán 12 blusas de vestir de manga larga, a un precio de $ 402,60 por unidad. No podían faltar los zapatos de cuero para seis damas, que costarán $ 1.050 cada par. Fuentes del gobierno consultadas por El País se negaron a informar al número de funcionarios que integran el equipo de Seguridad Presidencial, por razones de seguridad.
Acuerdo
Con los votos del Frente Amplio y del sector blanco Alianza Nacional –que conduce Jorge Larrañaga-, la Comisión de Hacienda aprobó este jueves el proyecto de reforma tributaria que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario e aplica el Impuesto a la Renta a las cuentas de residentes en Uruguay.
La iniciativa no fue votada por los colorados ni por los blancos de Unidad Nacional, según informó el portal Observa. Después de varias semanas de negociaciones, la comisión llegó a un acuerdo para que el pedido de levantamiento del secreto bancario solo pueda pedirlo a nivel nacional el director de la Dirección General Impositiva (DGI) cuando encuentre “indicios objetivos” de que existen irregularidades en el manejo de una cuenta bancaria. En tanto, los Estados extranjeros también deben pedir esa medida bajos ciertas pautas. Asimismo, se deja establecido que exclusivamente los países que tengan tratados con Uruguay pueden solicitar información tributaria.