Opinion | 19 Oct Pese a la parsimonia que han puesto de relieve sucesivos gobiernos en cuanto a las acciones para reconvertir nuestra matriz energética, sobre todo en lo que refiere a la generación de electricidad, todo indica que existe actualmente en el Poder Ejecutivo una mayor apertura hacia las opciones que se plantean por operadores privados para la utilización de recursos renovables, como es el caso de la biomasa y el viento.
El punto es que no hay país, desarrollado o no, que pueda dejar libradas a su suerte las inversiones en este sector, porque se trata de un área que reviste alto interés estratégico y por lo tanto forma parte de una apuesta fundamental para el desarrollo y la independencia energética, así como en lo que refiere a reducir vulnerabilidades ante los vaivenes por ejemplo de los precios del petróleo.
Este aspecto es particularmente delicado para el Uruguay, donde todavía se mantienen centrales térmicas que funcionan en base a derivados del petróleo, un combustible que por ahora está estable en su precio pero que en cualquier momento, tan pronto surja alguna modificación del escenario internacional, seguirá tendiendo al alza.
Y decíamos que si estamos ante un tema que es de prioridad estratégica, es de toda lógica que se adopten acciones políticas que tiendan a estimular las inversiones de riesgo en materia de generación, lo que precisamente es particularmente importante en el caso de un país como Uruguay, que tiene serias falencias desde el punto de vista de la disponibilidad de energía eléctrica, que se presenta en toda su crudeza cuando se resienten los embalses en épocas de sequía y cae drásticamente la generación hidroeléctrica. Lamentablemente, pese a que una y otra vez se ha invocado la urgencia de que nuestro país incorpore a su matriz centrales energéticas en base a combustibles renovables, como una política de Estado, nos encontramos que en su instrumentación por los organismos del Estado correspondientes, en este caso UTE, se ha actuado con notoria prescindencia y sin prisa, e incluso estableciendo determinados condicionamientos por fuera de los pliegos de condiciones cuando se llamó a empresas interesadas en invertir en centrales eléctricas de potencia limitada.
Este condicionamiento se centró fundamentalmente en establecer un tope a los precios que se pagaba por UTE por megavatio- hora de electricidad en el caso de los proyectos de usinas en base a desechos forestales, como es el caso de la iniciativa de la empresa sanducera Azucarlito, que quedó afuera por unos pocos dólares en tope fijado arbitrariamente por el ente, por lo que optó la empresa optó por reestructurar su proyecto a efectos de generar solo para el mercado spot, es decir ocasional, a efectos de vender al ente solo excedentes de electricidad si el precio le sirve.
Es decir que por encima de las orientaciones políticas desde el Poder Ejecutivo, existen “chacras” de poder en niveles medios y altos de UTE que han obstaculizado o por lo menos enlentecido el proceso de reconversión a energías renovables que es vital para el país y que es objeto de estímulos y subsidios en todas partes del mundo, por lo que Uruguay lejos de ser la excepción, debería ser un abanderado teniendo en cuenta su carácter de país pequeño y dependiente desde el punto de vista energético. A partir de la asunción del nuevo gobierno se ha adoptado una posición más en sintonía con las necesidades del país en esta materia, y es así que recientemente se ha anunciado que el gobierno autorizará a tres parques eólicos privados –dos de ellos aún no construidos-- a duplicar la oferta contratada por UTE, por lo que llegarán a generar 60 megavatios hora, lo que se enmarca en la meta oficial de llegar al año 2105 con unos 500 megavatios de potencia generados en molinos, cuyo costo naturalmente es inferior al de tener que prender las centrales térmicas, las que además funcionan con combustible que el país debe importar.
De ese total 300 megavatios serán aportados por privados que le venderán energía al Estado y otros 200 que serán generados por UTE, que proyecta construir junto a la brasileña Electrobras un parque eólico que tendrá un costo estimado en 400 millones de dólares.
Paralelamente se ha anunciado que el gobierno lanzará un sistema de precio fijo para las centrales a biomasa, con la idea de estimular a los privados a generar con esa fuente, por lo que se les pagará un monto que ya estará determinado, lo que regirá para empresas que utilicen bagazo, cáscara de arroz y residuos forestales.
Aunque por ahora estamos ante anuncios, es bienvenida esta reafirmación de objetivos y sobre todo porque se sostiene en la adopción de medidas concretas para lograrlos, lo que es de esperar no choque nuevamente con la lentitud y burocracia de los organismos involucrados, como suele acontecer, lamentablemente.