Opinion | 15 Oct Más allá de los elementos puntuales incorporados en la Ley de Presupuesto Quinquenal que ha recibido ya la media sanción del Parlamento en la Cámara de Representantes, surge nítidamente que el actual gobierno sigue en la misma línea de la administración Vázquez respecto a seguir políticas procíclicas, es decir de continuar incrementando el gasto público a medida que se registre un incremento en la recaudación, con la salvedad de que cuando las cosas cambien no habrá marcha atrás y por lo tanto nos quedaremos con que se debe más que lo que ingresa, como ocurre en la economía de cada hogar cuando se gasta más de lo que se gana y llegan las cuentas a fin de mes.
Peor aún, el incremento que se incorpora por el Presupuesto en gran medida implica costos fijos, lo que quiere decir que tendrán que afrontarse cualquiera sea la coyuntura, en bonanza y en crisis, por lo que una vez se da este último escenario los recortes deberán llegar inevitablemente para poder cumplir con obligaciones sobre todo de carácter salarial, por la vía de limitar los rubros destinados a la inversión, entre otras áreas.
Hubiera sido criterioso dejar intacto algún “espacio” fiscal significativo para contar con cierto margen de maniobra si el panorama internacional cambia, pero evidentemente los condicionamientos políticos son mucho más severos que lo que se ve desde afuera, y los compromisos hacen que se borre con el codo lo que se escribe con la mano o por lo menos lo que se anunció como el ideal a seguir pero que al fin de cuentas dista un abismo de lo que finalmente se lleva a los hechos.
En suma, la austeridad que en su momento fue pregonada por el actual mandatario José Mujica quedó en los enunciados desde el punto de vista presupuestal, y este factor indica que las estructuras que nos han condicionado históricamente siguen intactas, que gran parte de los recursos se pierden en la burocracia y que no retornan a la ciudadanía en servicios y en crear condiciones para el desarrollo sustentable, como debería ser.
Indudablemente ello se encuentra ligado a la siempre postergada –también esta vez—reforma del Estado, planteada por el ex presidente Tabaré Vázquez como la “madre de todas las reformas” y que no fue ni siquiera pariente lejana, y la “impostergable” reforma del Estado mencionada en la campaña electoral y luego después de asumir en forma recurrente por el presidente José Mujica, que ha quedado hecha trizas ante el tenor de la ley presupuestal.
Es evidente que por mejores intenciones que se tengan, el asir el toro por los cuernos en cuanto a la burocracia estatal y los grupos de presión, sobre todos las agremiaciones de funcionarios públicos, que se van a oponer sistemáticamente a todo cambio por mínimo que sea, es un desafío demasiado grande aún para un presidente de la República, porque a la hora de traducir en acciones lo que piensa se encuentra con que detrás suyo no hay una fuerza de gobierno monolítica ni mucho menos. Un ejemplo claro esel Partido Comunista, integrante de la fuerza de Gobierno, que hasta impuso en la norma presupuestal un artículo por el cual se crea una comisión que deberá analizar la factibilidad de crear un frigorífico del Estado, como si en nuestro país no hubiera sobradas experiencias de fracasos en estos entes testigos que no han servido para nada más que para crear burocracia, ineficiencia y mayores costos, como fuera el caso del ex Soyp, del Inape y el propio Frigorífico Nacional, entre una infinidad de costosísimos fracasos por el estilo.
El ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ec. Conrado Ramos, señaló al diario El País, a propósito del Presupuesto, entre otros cuestionamientos, que “no estoy de acuerdo en que los cargos que se denominaban de alta prioridad, que eran de confianza pero que se les exigían requisitos técnicos, se hayan eliminado para crear cargos de confianza comunes a los que no se exige ninguna credencial”, para subrayar que “así lo que avanza no es la profesionalización sino la politización en la gestión pública”.
Peor aún, evaluó que todo nuevo gobierno termina “salteando la burocracia establecida, genera la suya y deja sin empleo a los que estaban antes”, que es un mal al que no le ha puesto fin ninguna administración y que redunda en un engrosamiento de la burocracia, sus costos y su ineficiencia.
Ramos insistió en que estas prácticas implican “huirle a reformar el Estado, a reformar la maquinaria y ponerla de tu lado. Hay que reformar la estructura pública y no crear una paralela”, en lo que tiene razón. Pero precisamente tampoco es válida la alternativa de tratar de hacerle un “by pass” a la ineficiencia y descoordinación en el propio Estado, como es el caso de la creación de la figura de los seis “delegados presidenciales” ante las intendencias, con su consecuente red administrativa y mayores costos, lo que es lo mismo que combatir el fuego echando leña a la hoguera hasta que no haya más nada para quemar.