Opinion | 16 Oct En economía no hay milagros, sostiene el viejo dicho, y este precepto se enmarca en el hecho irrebatible de que la riqueza no se genera de forma espontánea, sino que hay que crearla y en su distribución, lo que se le da de más a uno es porque se le ha sacado a otro. La consigna de los gobiernos debería ser el promover a través del Estado las condiciones para que esa riqueza se multiplique, sea redistribuida en la mejor forma posible y mejorar así la calidad de vida de todos los estratos sociales, de una manera sustentable.
Esta reflexión, aunque muy esquemática, es muy válida respecto al escenario en que se desenvuelve el tramado socioeconómico nacional, donde hay un Estado que no produce riqueza, cuyo motor es la actividad privada y acaso el mejor rol a desempeñar desde el ámbito estatal es hacer las veces de catalizador para que los actores que conforman la conjunción del capital y el trabajo “cinchen” de la economía para beneficio general.
Ocurre que desde hace muchas décadas las cosas se han desvirtuado en el Uruguay, a partir de haberse priorizado la presencia del Estado benefactor, para contemplar a grupos a los que les resultaba muy difícil acceder a la riqueza que se creaba, pero a la vez cercenando las posibilidades de desarrollo de los impulsores de la economía, a través de condicionamientos como la presión tributaria desmedida, la creación de organismos del Estado repletos de burocracia improductiva a un alto costo, que absorben no con poco esfuerzo los sectores productivos.
Este panorama se mantiene hasta nuestros días, y nos encontramos con que más allá de los enunciados y de los programas, la burocracia sigue paralizando el desarrollo y parasita al país, detrayendo recursos que podrían invertirse en proyectos realmente significativos para potenciar el rol catalizador del Estado.
Pero una cosa son los enunciados y los deseos y otra la porfiada realidad, más allá de los gobiernos y de las ideologías, si tenemos en cuenta por ejemplo que la presión fiscal irá en aumento durante el gobierno de José Mujica, hasta llegar en el año 2014 al 34,5 por ciento del Producto Bruto Interno, según un informe de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del que da cuenta el matutino El Observador.
Indica que al dividir el total de ingresos entre el número total de la población del país, el trabajo determinó que cada uruguayo pagó en 2009 para financiar los gastos del Estado 2.844 dólares el año, y que esta cifra trepará a 3.900 dólares cuando termine el actual período de gobierno. En este sentido el presidente de la cámara, Alfonso Varela, dijo que los gastos del Estado son “excesivos” y que provocan una presión fiscal que “asfixia a la actividad privada”, entendiendo a la presión fiscal como los impuestos que anualmente pagan las personas y las empresas en forma directa o indirecta en relación con el nivel de la actividad económica del país. Y esto es en el mejor de los casos, si todo transcurre de acuerdo a las muy optimistas previsiones del Gobierno en cuanto al crecimiento económico del país.
El estudio indica que el año pasado la presión fiscal fue del 30,2 por ciento, lo que significa que la economía destinó por año 30,2 dólares de cada cien para financiar al Estado, y de acuerdo a las tasas de crecimiento previstas, la presión fiscal ascenderá al 34,5 por ciento del PBI al término de la Administración Mujica. Es algo así como que de los ingresos recibidos en un año, se destinen en promedio cuatro salarios completos para pagar impuestos.
Los datos de la Cámara Nacional de Comercio indican asimismo que durante el gobierno del Frente Amplio la presión fiscal ha ido en aumento desde 2005, por encima de las tasas de crecimiento del PBI en el período. Paralelamente, en el análisis del presupuesto quinquenal en estudio, el informe denuncia que los gastos del Estado se elevarán en 2014 a 12.313 millones de dólares, es decir cuatro veces superior al que se tenía a la salida de la crisis, en 2004. De ese presupuesto el 53 por ciento se destinará al pago de salarios a los funcionarios públicos, el 25 por ciento para el funcionamiento de la estructura estatal y el 22 por ciento para otros gastos, incluyendo las inversiones, lo que da la pauta del escaso retorno del dinero que dejan los contribuyentes en ventanillas. Se podría decir entonces que el gran mérito del Estado es “distribuir la riqueza” de la peor manera posible, pagando sueldos para solventar su propia burocracia, con millonarios recursos extraído de los bolsillos de todos los uruguayos que de ser invertidos en verdaderos proyectos productivos, seguramente potenciarían la economía del país creando verdadera riqueza, generando centenares de miles de puestos de trabajo real mejor remunerado por la propia demanda de mano de obra.
Es justificado por lo tanto el reclamo que formulan los empresarios reunidos en esta gremial respecto a que el gobierno “no plantea ahorrar nada” pese a la bonanza y que se compromete seriamente el futuro al aumentarse la presión fiscal sin dar margen a las empresas para sanear sus economías y la reinversión, ante tamaño compromiso fiscal, lo que significa condicionar seriamente el motor vital de la economía, nada menos.