Inconstitucionalidad de ley 18.187

Locales | 22 Oct Decenas de colonos que se presentaron recientemente ante la Suprema Corte de Justicia a efectos de obtener la declaración de inconstitucionalidad esperan que se logre un rápido pronunciamiento del organismo respecto a la Ley 18.187 de Repoblamiento de la Campaña, ante el antecedente de que ya se obtuvieron pronunciamientos similares de colonos a través de sucesivas tandas contra esta norma, indicó a EL TELEGRAFO el Dr. Nicolás Olivera, patrocinante de esta segunda lista de reclamantes que se consideran perjudicados.
El profesional ya presentó ante la Corte los documentos firmados por colonos de Paysandú, Salto, Soriano y Río Negro, recurriendo los alcances de esta ley que afecta el derecho de propiedad de quienes adquirieron sus predios por la ley de principios del siglo pasado, a través del Departamento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay.
El profesional precisó que “los recursos ya fueron firmados por los colonos y los presentamos en la Corte, tratándose sobre todo de personas que en principio no se habían presentado porque se iba a modificar la ley, pero ante la demora en llevarse a cabo el tratamiento de los cambios en el parlamento -- al punto que se ha presentado más de un proyecto de ley-- han optado por obtener la declaración individual para no seguir siendo perjudicados, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad rige solo para quienes se amparan en este recurso”.
Como informara EL TELEGRAFO, decenas de colonos obtuvieron la declaración de inconstitucionalidad a través de las respectivas tandas presentadas ante la Suprema Corte, teniendo en cuenta que por la Ley 18.187 los predios que eran de libre disponibilidad, adquiridos en su momento por colonos a través del Departamento Rural del BHU, deben registrarse ante el Instituto Nacional de Colonización como si hubieran sido incorporados por la Ley 11.029 que creó el instituto en 1948.
demora en el parlamento
Olivera subrayó que “la aprobación de las modificaciones a la ley se ha demorado demasiado en el Parlamento, por lo que hemos presentado esta segunda tanda ante la Suprema Corte. Han sido presentados varios proyectos de ley en este sentido, nosotros mismos hemos apuntado desde un primer momento a que se cambie la ley, para una solución general que todavía no se ha dado”.
Consideró que evidentemente el Directorio del INC se ha opuesto sistemáticamente a estos cambios, “y si bien hoy están suspendidos algunos plazos de la ley que impone la registración de los títulos, es decir un mero trámite administrativo ante el INC, no está suspendida la parte de la ley que veda la posibilidad de enajenar, de gravar por hipoteca, de ceder el uso en cualquier forma de disfrute, por ejemplo en comodato o arrendamiento, que son cortapisas que todavía siguen operando y que hacen que se limiten los derechos como propietarios de las personas afectadas”.
“Debemos tener presente que estos colonos no pueden hacer prácticamente nada con sus bienes sin la autorización del INC, y sabemos que siempre el instituto da su autorización cuando el co-contratante es aspirante a colono y reúne determinadas condiciones, que en muchos casos hoy por hoy no se dan de acuerdo a la dinámica del mercado, y tampoco se respetan los tiempos”, expuso Olivera.
Apuntó que “cuando hablamos de ceder el uso en cualquier forma de disfrute, pidiendo permiso al INC, cuando se habla de un cultivo estacional, tenemos que la autorización se demora y los tiempos del agro no son los mismos que los del escritorio y esa gente se ve afectada”.
A la vez los bancos son reticentes a concertar negocios con la garantía de estos campos, debido a su incertidumbre legal, y en muchos casos los títulos no son aceptados como garantía para hipoteca, desde que en caso de remate judicial los únicos que pueden comparecer son los aspirantes a colonos, por lo que el universo de posibles aspirantes a la compra es limitado, lo que hace que el valor de la garantía esté por debajo del que realmente tiene, explicó el abogado.