Opinion | 26 Oct En un mundo en el que la población crece sostenidamente y mediante el avance de la tecnología se procura contrarrestar o por lo menos paliar el agotamiento de los recursos naturales, sobre todo los fósiles, con un mejor aprovechamiento de los renovables, no puede obviarse que no estamos ante un factor aislado, sino asociado a un envejecimiento poblacional que cada vez con mayor severidad proyectará sus consecuencias y desafíos a toda la humanidad.
Actualmente el presidente francés Nicolas Sarkozy enfrenta disturbios protagonizados por organizaciones sindicales, sociales y políticas que resisten su iniciativa de aumentar en dos años la edad mínima jubilatoria, ante la crisis financiera del sistema social enfrentado a erogaciones que condicionan su viabilidad ya en el corto y mediano plazo, por lo que el mandatario optó por asumir los costos políticos antes que trasladar el fardo a los sucesivos gobiernos.
Es cierto, la crisis económica y las consecuentes repercusiones en desempleo y caída de la actividad económica en las naciones europeas aceleró la necesidad de adoptar medidas en lo inmediato, pero el proceso de ajuste era inevitable porque la situación actual es precisamente consecuencia de políticas insostenibles como el sistema previsional que rige actualmente en Francia, que termina asfixiando la economía nacional hasta el borde del colapso, en especial cuando la “burbuja” del crecimiento ficticio desaparece. Es por ello que con buen tino Sarkozy optó por el trago amargo lo antes posible a efectos de que las respuestas no resulten aún más dramáticas con el paso de los años.
Estamos ante un fenómeno global que presenta una problemática muy vasta, con sus propias características en cada país, pero con el común denominador de que el envejecimiento progresivo conlleva en muchos casos introducir modificaciones drásticas al sistema de bienestar social que aplican todavía países en el Viejo Mundo, con buenas prestaciones, generosos subsidios por desempleo y condiciones de atención médica y social de primer nivel, pero que consumen a la vez cuantiosos recursos.
Es positivo que tengamos mayor expectativa de vida y que a la vez hagamos una vida más saludable que en décadas pasadas, pero no debe dejarse pasar por alto aspectos inherentes a esta realidad, que es el hecho por ejemplo de que por primera vez en la historia de la Humanidad los mayores de sesenta y cinco años están a punto de superar en número a los niños menores de cinco años. Así, de acuerdo a un informe que da a conocer The New York Times, en muchos países la gente mayor que cobra jubilaciones estatales, tiene servicios de salud y necesita atención a largo plazo, pronto será más que la fuerza de trabajo cuyos impuestos y aportes contribuyen a financiar esos beneficios, e indica que “se estima que ninguna otra fuerza influirá tanto en el futuro de la salud económica nacional, las finanzas públicas y las políticas nacionales, según un nuevo análisis sobre el envejecimiento poblacional de Standard and Poors, presentado como ‘el ritmo irreversible al que envejece la población’”.
Y según este informe, a menos que los gobiernos hagan cambios drásticos del gasto público relacionados con la edad, la deuda soberana podría volverse insostenible y rivalizar con los niveles alcanzados durante cataclismos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial
Según Mark Mranik, director adjunto de calificaciones soberanas de Europa de S y P, en primer lugar los gobiernos deberían imitar a Francia, aumentando la edad mínima de jubilación, en tanto otra medida obvia debería ser lograr el equilibrio presupuestal, es decir medidas impopulares pero inevitables si realmente se quiere encarar la realidad sin medias tintas, desde que “los ciudadanos suelen no entender la lógica de reducir los beneficios públicos a efectos de mantener la solvencia nacional”.
También la prolongación de la vida activa a 65 y 70 años, en muchos casos significa constreñir el mercado de trabajo para las nuevas generaciones y por lo tanto los costos que se abaten o postergan por un lado significa también reducir la pirámide de aportantes del sistema, lo que en los hechos tampoco es una solución valedera en este escenario con el que ya convivimos.
Lo que se vive en el Viejo Mundo y otras naciones, con sus particularidades, ya se da también en el Uruguay. De hecho en nuestro país ya se dio un paso importante en este sentido con la creación de las AFAP, anatema por el que se busca lograr que el sistema previsional sea “autosustentable” a través de la inversión de fondos propios del trabajador. Pero por otra parte subsiste el sistema jubilatorio regido por el Banco de Previsión Social (BPS) que dependiendo de la “solidaridad” intergeneracional, que no significa otra cosa más que los trabajadores de hoy con sus aportes contribuyen a pagar las prestaciones –siempre insuficientes-- de los pasivos, los que a su vez durante la vida activa habían hecho lo propio con quienes los antecedieron y así sucesivamente.
Los uruguayos debemos hacernos a la idea de que la mayor expectativa de vida de que felizmente gozamos año a año nos presenta a la vez grandes desafíos, para los que nadie hasta ahora tiene la receta mágica, salvo el ir tomando nota de lo que se debe hacer y convocar al sistema político y a los actores sociales, a los profesionales que tienen que ver con el tema, para ir tratando desde ya esta problemática.
La idea es procurar acuerdos para diseñar respuestas que cuenten con un amplio respaldo y sobre todo continuidad, cualquiera sea el partido que esté en el gobierno, para que los costos políticos que nadie quiere pagar se compartan y respondan a una política de Estado que asegure el rumbo de las soluciones.