Nacionales | 21 Oct Luego de más de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto interpretativo para dejar sin efecto la ley de Caducidad. La votación solo contó el apoyo de los miembros de la bancada del Frente Amplio, quienes en algunos casos votaron afirmativamente por disciplina partidaria. Sin embargo, habría más legisladores que decidirían no acompañar la propuesta en el Senado, hecho que podría impedir su sanción. La Cámara de Diputados debatió el proyecto que declara inaplicable una ley que evitó juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura. La ley de Caducidad es “la más oprobiosa” e “indigna” de las normas uruguayas, dijo el diputado oficialista Felipe Michelini. Aseguró además que al declarar sin valor jurídico esta norma se estará ganando en “democracia de calidad” ya que se garantizará que “nadie más gobierne en base a la tortura y el asesinato”. El proyecto fue presentado por el Frente Amplio, e instó a sus legisladores que no están de acuerdo con la iniciativa a votarla por disciplina partidaria. Decenas de personas, en su mayoría integrantes de organizaciones de derechos humanos, participaban de la sesión desde las barras mientras que familiares y ex presos políticos se manifestaron afuera del Palacio Legislativo con pancartas pidiendo la anulación de la ley, en el marco de un duro debate que prometía extenderse hasta la madrugada. La oposición en pleno se manifestó en contra del proyecto, argumentando que implica ignorar la voluntad ciudadana, según indicó en el plenario la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa. “No puede convocarse al pueblo para resolver un tema y luego desde el gobierno, haciendo uso de mayoría legítimas pero circunstanciales, desconocer esa voluntad soberana, desoír la voz del pueblo”, aseguró Piñeyrúa, aclarando: “Nuestro pronunciamiento no implica en modo alguno defender a quienes se beneficiaron o pueden beneficiarse por imperio de la ley de Caducidad”, sostuvo. A nivel judicial, la Suprema Corte de Justicia estableció en octubre de 2009 que la aplicación de la ley es inconstitucional en el caso que investiga la muerte de una militante comunista en 1974. Y la norma ha sido cuestionada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que fue esgrimido como argumento por el gobierno al presentar el proyecto.
Más de una decena de personas han sido procesadas con prisión por violaciones a los derechos humanos, en casos excluidos por el Poder Ejecutivo de la ley de Caducidad. El proyecto debatido declara como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad “carecen de valor jurídico alguno”. Esos artículos refieren a que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. La iniciativa ha sido cuestionada por abogados constitucionalistas, que afirman que se entromete en las competencias del Poder Judicial, vulnerando el principio de separación de poderes. Una vez aprobada, la norma pasará al Senado, donde el Frente Amplio también tiene mayoría aunque nuevamente tendría que apelar a la disciplina partidaria para lograr su validación.