Opinion | 21 Oct Tras la reunión de intendentes blancos, colorados y del Frente Amplio con el intendente José Mujica se disiparon algunas dudas respecto al proyecto del Poder Ejecutivo de crear seis coordinadores regionales, en lugar de los 18 que se proponían anteriormente y que pasaban a ser una suerte de supraintendentes directamente subordinados al presidente.
Es decir que en primer lugar estamos ante un proyecto devaluado en número, pero sobre todo al perfil que pasarían a tener los coordinadores en cuanto a proyección política en el interior del país, que es hacia donde se dirige esta iniciativa y que según el mandatario le permitiría a su gobierno tener otra ejecutividad en la instrumentación de políticas nacionales en los respectivos departamentos –en este caso regiones—mediante coordinación con los respectivos organismos del Estado.
A la vez, desde el punto de vista político partidario, la creación de los coordinadores regionales generó confrontación dentro de la propia oposición. Tras el apoyo de los intendentes a la propuesta de José Mujica, hubo divisiones en las internas de los partidos tradicionales e incluso entre líderes sectoriales, que en el caso de Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry pretendería cuestionar la visión de los intendentes de sus respectivos sectores, que en primera instancia han sido positiva respecto a la reformulación de la propuesta presidencial.
El intendente de Durazno, Benjamín Irazábal, perteneciente a Unidad Nacional, justificó el apoyo a la propuesta y dijo a radio el Espectador que “el único elemento para estar en contra es que se creaba un coordinador por cada departamento (…); desde el momento que el presidente dice ‘quiero solamente seis’ ese argumento de la competencia con el intendente cae”.
El jefe comunal señaló a “En Perspectiva” que existe el compromiso de que se “va a coordinar solamente políticas nacionales” y que por lo tanto el coordinador tendrá “un carácter técnico”, lo que a primera vista aparece como una evaluación en extremo optimista en un país en el que los sucesivos gobiernos, sin excepción, han priorizado en cargos de confianza la fidelidad hacia el partido respecto a la idoneidad para ejercer las funciones.
El sábado, en la estancia de Anchorena, no sólo los intendentes afines a Larrañaga respaldaron la idea de Mujica de regionalizar el país para entre otras cosas distribuir mejor los recursos y crear una corporación público-privada que construya rutas y caminos, sino que también los afines a Lacalle y los colorados se mostraron satisfechos.
“Si el tema les parece demasiado agresivo o que interfiere en las políticas de las intendencias yo lo quito de la agenda”, les dijo Mujica a los integrantes del Congreso de Intendentes como parte de su argumentación en cuanto a que en esta iniciativa no había “gato encerrado”. Indicó que no se estaba procurando, por ejemplo, crear nuevas plataformas para catapultar figuras políticas o para premiar a candidatos que no hubieran resultado electos.
En los papeles, no habría mucho para cuestionar en este intento de “coordinar”, pero para empezar debe tenerse presente que esta necesidad de establecer línea directa entre el presidente, los organismos del Estado y los intendentes pone de relieve un gran fracaso en la gestión de los jerarcas de los organismos encargados de ejecutar las políticas públicas, al punto de considerarse que tienen que crearse nuevos cargos de confianza política para “vigilar” que el dinero de todos los uruguayos se utilice más o menos criteriosamente, un aspecto que encaja perfectamente en elementos a corregir dentro de una reforma del Estado que no aparece por ningún lado. Es decir que los proyectos no se eternicen, que los recursos vayan a dar a sus destinos específicos y que no vuelvan a Rentas Generales porque no se han ejecutado los proyectos previstos, en lo que también hay responsabilidad de las intendencias muchas veces por no aportar en tiempo y forma la contrapartida prevista. Claro que hay que partir de la base que los “recursos nacionales” son en realidad, propios de cada departamento y no una muestra de generosidad del Gobierno central, aunque extrañamente para cobrar estas partidas las Intendencias no solo tienen que justificar obras acordadas previamente con el Ejecutivo, sino que ahora habrá un “coordinador” que velará por que no haya desvíos de ningún tipo.
Pero en los hechos no puede obviarse que en alguna medida se está combatiendo fuego con fuego, porque se pretende combatir la burocracia con más burocracia, que inevitablemente se va a montar en torno a cada coordinador y con resultados todavía por verse, porque una cosa es la abstracción de los papeles y otra muy distinta cuando se trata de “aterrizar” las ideas.
Y así, está todavía por verse si efectivamente no se utilizan estos cargos como catapulta de proyección política, como “premios consuelo” para candidatos que no resultaron electos –como siguen utilizándose las embajadas y entes del Estado por todos los gobiernos sin excepción—y su tarea se traduce efectivamente en realizaciones de beneficio general, sobre todo en facilidades para el desarrollo de un el Interior siempre postergado, por lo que solo la instrumentación de la iniciativa traerá respuestas a lo que por ahora son más incógnitas que certezas.