Opinion | 27 Oct El costo del Estado, presentado como un elemento abstracto pero que pesa gravosamente sobre los sectores reales de la economía, tiene un nuestro país componentes que son fundamentalmente de orden estructural, pero que se acentúan por medidas puntuales del gobierno de turno, que se manifiesta renuente a revertir este esquema perverso. Incluso existen componentes ideológicos que inciden en situar por otro lado los parámetros, desviándolos de su “pecado original”, que es el exceso de gasto público. Por supuesto, éste no es el único elemento en sí, sino que también tiene que ver con el retorno del gasto, las prioridades a que se destina el dinero de todos los uruguayos y la sustentabilidad del esquema, dado que en un país vulnerable y sometido a los avatares internacionales, los aspectos coyunturales tienen gran incidencia en los resultados. Una de las afectaciones del peso del Estado es sin dudas el costo que genera para la producción de bienes y servicios, tanto los destinados al consumo interno como a las exportaciones, además de corroer la competitividad de la producción nacional en los mercados internacionales y afectar a las empresas que producen para el mercado interno pero que deben competir con artículos similares que provienen del exterior. Entre los aspectos circunstanciales, que dependen del gobierno de turno, tenemos actualmente que los precios de bienes y servicios no transables aumentan a un ritmo mayor que el de los bienes transables, lo que está afectando negativamente al tipo de cambio real, de acuerdo al comentario de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin, en el suplemento “Economía y Mercado” de “El País”. Analizan los profesionales que el Banco Central del Uruguay (BCU) abandonó las acciones que llevaba a cabo para impedir que el peso uruguayo se aprecie, concentrándose en la estabilidad de precios. En un sistema de flotación cambiaria como el que se ha definido para nuestro país, el objetivo de mantener determinado nivel para el tipo de cambio quedó a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, objetivos que de acuerdo a los economistas están vinculados con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Presupuesto, que proyecta una expansión del gasto en el próximo quinquenio. En más de una oportunidad hemos señalado en esta columna que la Ley de Presupuesto marca definitivamente la hora de la verdad para todo gobierno, es decir que marca el rumbo de la gestión, dejando atrás los enunciados de la campaña electoral, los eslóganes y los elementos subjetivos volcados en el proceso que desemboca en la concreción de esta ley madre. Entre otros aspectos, estos elementos tendrán un impacto en los equilibrios macroeconómicos, en particular en la evolución futura de la inflación y, según el análisis de los economistas, la inflación acumulada en lo que va del año hasta setiembre ascendió a 5,8%, en tanto en los últimos doce meses se situó en el 6,3%. Este valor se ubica dentro del rango de inflación objetivo para el presente año que estableció el Comité de Coordinación Macroeconómica, cuyo límite superior es 7%, pero la realidad indica que se están manifestando presiones inflacionarias debido a una demanda interna que encuentra o puede encontrar dificultades de oferta en algunos sectores, y una inflación internacional relevante para el país en alza, debido al incremento que registran los bienes básicos. Si bien en lo interno están creciendo precios de alimentos y bebidas, más o menos en línea con la evolución del precio internacional de los commodities, el análisis rubro por rubro del IPC da cuenta de que han tenido mayor aumento los precios de la enseñanza, los cuidados médicos, la vivienda y otros. Se trata de actividades no transables con el resto del mundo, cuyos precios se fijan por las condiciones internas de oferta y demanda. En algunos de ellos, la oferta disponible se muestra insuficiente para satisfacer la creciente demanda, como es el caso de la vivienda, donde el rubro que más pesa es el de los alquileres. El caso de la enseñanza y los cuidados de la salud presenta algunas similitudes, ya que se trata de actividades intensivas en mano de obra que en un contexto de demanda creciente como el que enfrentan en la actualidad, hace que se trasladen a los precios todos los aumentos de salarios que se otorgan. Los alimentos y bebidas, a diferencia de los anteriores, son fundamentalmente transables con el resto del mundo, por lo que sus precios se determinan por las condiciones del mercado internacional, en tanto los costos domésticos son no transables. La pérdida de competitividad o atraso cambiario surge de una situación de precios relativos en la que resulta más rentable producir bienes y servicios no transables. Para una economía pequeña como la uruguaya, las acciones para evitar que se deteriore la competitividad pasan por evitar que se incrementen los precios de los bienes y servicios no transables más allá de lo tolerable, haciendo que la inflación en dólares en Uruguay sea inferior a la del resto del mundo. Pero para ello un aspecto fundamental es que la política fiscal debe ser contractiva, contracíclica, es decir limitar el gasto en la medida de lo posible, para atender áreas prioritarias que apunten a la sustentabilidad de la economía, manejando con prudencia los ajustes salariales del sector público, solo por mencionar los aspectos fundamentales a tener en cuenta para evitar que la cosa pase a mayores, por lo menos en este quinquenio, ante las siempre latentes posibilidades de cambios en el escenario internacional.