Opinion | 28 Oct Según un informe presentado por las organizaciones no gubernamentales Ielsur y Cainfo, sólo un organismo del Estado entre 66 relevados cumple con las obligaciones legales vigentes en materia de información pública. La Auditoría General de la Nación se lleva la buena nota pero la noticia negativa es que el 60% de los organismos relevados tiene niveles bajos o medios de cumplimiento de la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública.
La Contaduría General de la Nación, la Dirección General de Casinos del Estado y Banco Central del Uruguay son los organismos que tienen mejores desempeños en cuando a la información presupuestal, financiera y de adquisiciones.
Sin embargo hay 35 de los 66 organismos estudiados que no publica ninguna información sobre el presupuesto asignado, mientras que otros 30 tampoco divulgan información sobre auditorias, reporte anual financiero o balance anual, ni ejecución del presupuesto.
Los organismos mencionados entre los incumplidores son la propia Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Catastro, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Educación y Cultura, Corte Electoral, Intendencias de Colonia, Flores, Maldonado, Soriano y Montevideo.
Sólo 11 de los organismos están en un nivel de cumplimiento superior al 80% de las obligaciones legales. El 61% de los organismos relevados se encuentra en los niveles, indica el estudio.
De esta manera, desde el propio Estado se está coartando la posibilidad de que los ciudadanos puedan controlar la gestión de los organismos públicos ya que éstos no rinden cuentas públicamente de los dineros que manejan y cómo lo hacen.
La ley 18.381 permite acceder a datos para generar opiniones informadas sobre las políticas y programas del gobierno, estimulando una participación de mejor calidad en los asuntos públicos.
Está comprobado que el acceso a la información pública reduce la posibilidad de prácticas irregulares o corruptas dentro de la administración. Escribir y aprobar una ley de estas características y después borrarla con el codo no cumpliéndola desde el propio gobierno no sólo es lamentable sino también algo para corregir en forma urgente.