Nacionales | 28 Oct No definitivos
“Nosotros no vamos a imponer nada. Cuando hay opiniones distintas entre los compañaeros lo primero es conversar. Conversaremos y después veremos qué pasa. No le impongo mi pensamiento a nadie”, dijo Lucía Topolansky, senadora del Movimiento de Participación Popular y esposa del presidente José Mujica.
Si los senadores Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Jorge Saravia (Espacio 609) votan --como han adelantado-- en contra del proyecto que declara inaplicables los artículos 13 y 4 de la Ley de Caducidad, el Senado no podría dar la media sanción que resta para que la iniciativa se apruebe, ya que no se alcanzaría la mayoría simple (mitad más uno). A pesar de este escenario, la senadora oficialista aseguró en declaraciones a radio “Carve” que “los tantos todavía no son definitivos en la cancha”. El 3 de noviembre la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el polémico proyecto y al día siguiente definirá la agenda a seguir y los expertos a los que recibirá para asesorarse.
En tanto, otro voto en duda dentro del FA es el del senador Eleuterio Fernández Huidobro, quien, según dijo Topolansky, “pidió un tiempo y nadie se lo va a negar”. De todas maneras añadió: “sea cual sea el resultado (en el Poder Legislativo), tenemos que aceptarlo y seguir para adelante, porque con esta ley no se acaba el mundo”.
Un disparate
Para el ministro Luis Almagro no tienen asidero algunos comentarios del senador Saravia, respecto a que la izquierda perpetraría un “golpe de Estado técnico” al promover la ley interpretativa. “Es un disparate acusar a 50 diputados de dar un golpe de Estado técnico. Hay falta de solidez en sus argumentos”, dijo. Según “La República”, el abogado y senador suplente Oscar López Goldaracena también le dedicó unos minutos a la posición de Saravia. “Cuando el barco del Frente Amplio no está navegando fluidamente hay que soltar el alije”, sostuvo, señalando además que “quien defienda la vigencia de la ley de Caducidad tiene clara intencionalidad política de defender la impunidad o devela un supremo desconocimiento de los Derechos Humanos”. Goldaracena, que estará en sala el día en que el Senado vote el proyecto, recordó que en 1987 el Partido Nacional presentó un proyecto para anular la Ley de Caducidad: “carpeta 1.792, repartido 366 de abril” de aquel año.
“En el año 1993, gobierno blanco, el Estado uruguayo realizó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Ley de Caducidad tras haber sido puesta a referéndum de la población. La Corte respondió que no importaba si había sido puesta a consideración de la ciudadanía. Importaba si violaba o no los Derechos Humanos”. Para el abogado “por encima de la coyuntura política, la Ley de Caducidad nació viciada de nulidad”.
No está por encima
La senadora frenteamplista Constanza Moreira dijo en el programa radial “No toquen Nada” que hay procedimientos para que los legisladores “disidentes” no vayan en contra del colectivo. Además, sostuvo que “el plebiscito no está por encima del partido” y agregó que no habrá libertad de acción para votar el proyecto de ley interpretativa sobre la Ley de Caducidad. La legisladora llamó “disidentes” a los senadores que no quieren respaldar el proyecto de ley y expresó que aquellos que no quieran respaldarlo dejen a sus suplentes, en tanto agregó que en caso de que no quieran hacerlo, hay “procedimientos para que la voluntad colectiva no coaccione la conciencia de nadie, ni la acción individual coacte la voluntad colectiva”. “Si no votan, dado que el proyecto solo está saliendo con los votos del Frente Amplio, esos legisladores van contra el colectivo de los senadores, el colectivo de los diputados y el colectivo del partido. No creo que en su ánimo esté coartar la voluntad de los muchos”. Añadió que “cualquier desavenencia altera la gobernabilidad del país, puesto que el FA está en el Ejecutivo”.
Anarquía
Durante el llamado a sala del ministro Daniel Olesker, el senador Carlos Moreira (Partido Nacional) dijo que en ASSE la situación es extremadamente subversiva y alertó sobre el poder que tiene el gremialista Alfredo Silva. “¿En que país estamos?”, preguntó. Al respecto, el senador hizo referencia a un caso “grave” que se dio en Mercedes, donde falleció un paciente que estaba en el CTI, lo que promovió una denuncia penal por parte de los familiares. También se hizo una denuncia administrativa y el director del hospital inició un sumario a una enfermera. Silva se presentó y señaló que iba a echar el sumario para atrás, señaló Moreira, quien leyó un correo electrónico enviado por el director de ASSE a la titular del hospital. El senador señaló que si Silva tiene el poder de mandar una carta y cancelar un sumario, se rompen “todas las garantías del usuario”. “Yo no puedo creer que esto sea admitido. ¿En qué Uruguay estamos? Esto es extremadamente subversivo”, comentó.