Locales | 29 Oct La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) decidió no citar a declarar a los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que afrontan causas penales por bloquear durante casi cuatro años el puente internacional General San Martín y que habían sido demandados por el gobierno argentino.
El presidente de la Cámara Daniel Alonso y la magistrada Cintia Gómez votaron en rechazo a la apelación de la Fiscal Federal, Daniela Neyra, al fallo del juez de primera instancia, Gustavo Pimentel, que desechó la querella del gobierno.
El juez Gustavo Ibáñez por su parte avaló la demanda de la Fiscalía. En la mañana de la víspera los abogados de la Asamblea recibieron la notificación y luego los asambleístas saludaron con aplausos la novedad.
“La causa queda paralizada, pero sigue abierta y ahora dependerá de la Fiscalía de Concepción del Uruguay”, dijo Luis Leissa, uno de los abogados de la asamblea ecologista, al anunciar y celebrar el dictamen de la Cámara de Apelaciones.
El tribunal rechazó así la apelación de la fiscal Daniela Neyra contra una resolución del juez Gustavo Pimentel, que en julio pasado desestimó el pedido del Gobierno nacional para que diez asambleístas de Gualeguaychú sean indagados por la justicia. La Cámara dispuso además que la causa vuelva al juzgado de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, explicaron portavoces de la asamblea.
“Esto si bien no da fin a la causa muestra que los argumentos de fondo de la asamblea siguen siendo válidos. Ahora no hay causa, puede llegar a abrirse pero no va a ser fácil”, postuló Jaime Martínez Garbino, otro de los abogados de los ecologistas.
La resolución “dice que faltaron acusaciones concretas, y que hay que explicar cómo diez personas habrían tenido cortada una ruta internacional durante casi cuatro años”, agregó a medios locales el abogado Darío Carrazza. José Pouler, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, se mostró satisfecho por la decisión de la Cámara de Apelaciones de Paraná de no indagar a los asambleístas acusados por el gobierno argentino. En declaraciones a Montevideo Portal, Pouler subrayó que “todo esto es una artimaña del ejecutivo” y sostuvo que la Asamblea está “apostando a seducir a la población de Entre Ríos”.
“La justicia prevaleció sobre el Ejecutivo. Porque todo esto es una artimaña del ejecutivo. Por más que vuelva la causa a Concepción del Uruguay, tienen que armar un caso. Todo en base a una manifestación de mil y pico de días, con miles y miles de ciudadanos manifestándose. Tiene que identificar qué ciudadanos, en qué momento y qué leyes infringieron. Cosa que es imposible porque las pruebas que aporta gendarmería son de miles de personas. Así que esto va a quedar en la nada”, dijo.
El corte, que realizaban desde noviembre de 2006 fue levantado el pasado 19 de junio, después que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentara una querella penal con graves cargos. Además del propio Pouler, los otros nueve asambleístas indagados son Jorge Fritzler, Juan Ferrari, Osvaldo Fernández, Siria Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez.