Opinion | 25 Oct A nadie debería llamarle la atención cuando se dice que uno de los grandes déficit son las políticas de Estado, que podrían sintetizarse a grosso modo como ofrecer reglas de juego más o menos estables, que aseguren que cualquiera sea el partido que esté en el gobierno haya un marco predeterminado que permita adoptar previsiones y sobre todo decisiones empresariales o personales con el menor riesgo posible por el factor de imprevisibilidad. Y las políticas de Estado deben pensarse sobre todo para áreas estratégicas o para marcar pautas de desarrollo de sectores que respondan al interés general, como es en el primero de los casos la energía, y en el segundo las implantaciones forestales, por citar dos sectores en plena vigencia. Indudablemente la constante ha sido hasta ahora --salvo la excepción que constituyó la Ley de Desarrollo Forestal de fines de la década del 80, que permitió la concreción de inversiones de largo plazo en bosques para su explotación industrial, y que se mantiene hasta nuestros días, con alguna corrección mínima-- que cada gobierno ha actuado con criterio propio y revisado lo del anterior, para promover sus propias políticas con carácter fundacional, lo que explica las marchas y contramarchas que se han dado a lo largo de los años. Durante mucho tiempo se habló --solo eso-- de la necesidad de poner el acento en las energías renovables, debido a que a mayor o menor plazo se estaría ante un encarecimiento y agotamiento de combustibles fósiles como el petróleo, aunque en nuestro país siguieron construyéndose centrales termoeléctricas movidas por derivados del crudo, como si fuera una cosa menor nuestra vulnerabilidad a las energías importadas y sobre todo al drenaje de divisas por concepto de la compra de petróleo.
Recién en los últimos años se ha dado impulso por el Estado, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de promoción de los biocombustibles, a la elaboración y comercialización de energéticos como el etanol y el biodiesel, cuya mezcla con hidrocarburos en volúmenes mínimos preestablecidos se ha incorporado en esta ley, aunque resta todavía el gran impulso a la participación de actores privados tanto en biocombustibles, incluyendo la generación eléctrica por desechos forestales, como también en la instalación de parques eólicos mediante políticas que realmente signifiquen estímulos, incluyendo subsidios como en los países desarrollados por tratarse de un área estratégica vital. Lamentablemente se han practicado políticas erráticas que hoy nos condicionan. Sin ir más lejos, en el año 2000 el Directorio de UTE de entonces, ante el ingreso del gas natural al país, promovió entre los usuarios un plan especial de financiación a largo plazo para la compra de electrodomésticos bajo el eslogan de “en mi casa todo eléctrico”, de forma de asegurarse con la compra a bajo precio de los artículos que se llegara a mantener determinado consumo por varios años. Pero este intento no fue acompañado a la vez de las inversiones que se requerían en respaldo de generación eléctrica para hacer frente a la demanda, y así, una década después nos encontramos con que a la inversa, ante la falta de potencia para dar abasto en las horas y días de mayor demanda, y la necesidad de preservar los embalses hidroeléctricos, el mismo organismo que ayer proclamaba que debíamos pasar todos los consumos energéticos a electricidad, hoy está a pocos días de lanzar un plan tendiente a reducir la carga de consumo que se concentra sobre todo en elementos para el calentamiento de agua. El director nacional de Energía, Ing. Ramón Méndez, anunció que en breve a través de UTE se lanzará un plan por el cual el organismo financiará la compra de paneles solares para calentamiento de agua en casas residenciales, que requieren un promedio de inversión del orden de los mil dólares. Esta decisión surge de estudios que indican que no menos de la mitad de la demanda energética familiar se origina en el calentamiento de agua, y que el precalentamiento por energía solar sería determinante para abatir el consumo, lo que es muy cierto, a la vez de incorporarse un energético renovable a la matriz nacional. Claro, lo que hoy se promueve es exactamente lo inverso que hace una década, porque lo que se hizo entonces no era sustentable y fue un paliativo que priorizó la ecuación económica de UTE, sin tener presente hasta dónde ello podía ser viable, y porque además cada organismo público ha actuado históricamente teniendo en cuenta su propia situación, sin importar el contexto nacional. Hoy el escenario ha cambiado, y nada indica que dentro de una década no estemos de nuevo en una situación inversa, aunque sea improbable, si no se generan los consensos políticos para promover políticas de Estado, en ésta como en otras áreas, para no seguir de parche en parche y con improvisaciones que cada vez resultan más caras a los uruguayos.