Opinion | 27 Oct El próximo viernes en Montevideo y Paysandú se realizarán marchas en demanda de mayor seguridad ciudadana y más severo castigo a los delincuentes, especialmente a los menores infractores que cometen delitos graves. Hace algo más de dos meses Paysandú se levantó indignado ante la injusta muerte de Romina Severo, arrollada por un ómnibus del transporte urbano después de ser arrebatado su bolso, lo que le hizo perder el equilibrio en la moto que conducía.
Pero la inseguridad no es cuestión de la Heroica, es algo que asuela por igual a todo el territorio nacional. Así se han ido formando movimientos ciudadanos en Montevideo, Salto, Tacuarembó, Young y en estos días en Mercedes, a raíz de cientos de hurtos perpetrados en esa ciudad.
Quien quiera oír que oiga, indudablemente, pero lo cierto es que la población manifiesta claramente el desamparo en que se encuentra, con un sistema penal que no castiga con la severidad esperada a los delincuentes y que no provee herramientas reales y eficaces para la rehabilitación.
Mientras tanto, los legisladores siguen enfrascados en otros temas, entre ellos tratando de volver a legislar sobre un tema resuelto dos veces por la ciudadanía, a la que ciertamente desconoce la mayoría en el gobierno. Eso les quita la visión de los temas realmente urgentes para el ciudadano común y corriente.
Pero Uruguay necesita una revisión total de su sistema carcelario, construyendo más establecimientos, y reformar el código penal adecuándolo a las necesidades de la mayoría de la sociedad (los buenos) para castigar con la severidad que se requiere a la minoría infractora (los malos), otorgándoles además caminos reales para que abandonen el delito.
Nada de esto parece siquiera cercano. Por tanto, los movimientos ciudadanos se solidifican y preparan, a través de los instrumentos constitucionales, las reformas que conlleven a una mayor seguridad. Una demanda que hoy el sistema político parece incapaz de resolver.