Nacionales | 30 Oct ¿Al tribunal de Conducta?
La cosa se podría poner color de hormiga para el senador frenteamplista Jorge Saravia. Es que su compañero de bancada Enrique Rubio promueve pasarlo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por “agravios”.
Consigna “Últimas Noticias” que Rubio adelantó que aboga en su sector por llevar al Frente Amplio una denuncia contra Saravia por “declaraciones y pronunciamientos” que “están más allá de la raya” en relación al debate sobre la ley de Caducidad. El líder de Vertiente Artiguista acepta que haya diferentes opiniones pero sin ninguna “descalificación”.
“Hay pronunciamientos de Saravia que son agraviantes para miembros del gobierno en la persona del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, que es un compañero de nuestra fuerza política y del Poder Ejecutivo”, dijo. “Afirmar que el proyecto de ley votado en Diputados sobre la ley de Caducidad es una especie de golpe de Estado técnico resulta absolutamente inaceptable, está más allá de las normas del compromiso político y rompe con el pacto que nos vincula”, añadió.
Las palabras de Saravia fueron considerados “una colección de agravios de orden, realmente, muy pesados”, obligando a promover la denuncia del senador de Patria Grande a las autoridades de la fuerza política. Según Rubio, dentro del partido debe mantenerse el respeto en el relacionamiento de los sectores, más allá de las diferencias. Pero aclaró que el pase de Saravia al tribunal es independiente del debate interno de la bancada oficialista del Senado y de la posibilidad de lograr los votos necesarios.
Pide respeto
Y el dirigente del Pit-Cnt Juan Castillo se sumó a la polémica al criticar a los senadores Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia por su postura y pidió que respetaran la resolución del Congreso del Frente de impulsar la anulación de la ley de Caducidad.
Según el mismo matutino, en un acto de Democracia Avanzada, Castillo lamentó no poder celebrar la ley de Caducidad. “Tenemos que estar apostando a una jornada buscando la reflexión de quienes hace muy poco tiempo atrás recorrían todos los departamentos, todo el país, todos los barrios buscando nuestro apoyo y nuestro voto por un programa político”, dijo el militante del Partido Comunista. “¡Qué fácil que se olvidan, un año después, del compromiso contraído con nuestro pueblo!”, añadió.
“Hay que recordar a la bancada de la fuerza política a la que pertenecemos la resolución del último Congreso del Frente Amplio que establece claramente un mandato, para todos los militantes frenteamplistas, de buscar todos los caminos posibles para anular esta maldita ley de Caducidad”. Y luego enfatizó la exhortación: “Llamamos entonces a que todos nuestros representantes en el Parlamento cumplan con lo que resolvió el Congreso”.
Unidad está en juego
Continuando con el tema, la mesa nacional de la Agrupación de Gobiernos del Frente Amplio concluyó que la crisis planteada “trasciende” el proyecto de ley interpretativo sobre la ley de Caducidad y pone “en juego la unidad de acción”. En la reunión “no se habló” del pedido de pasar a Saravia al Tribunal de Conducta, mientras que Nin Novoa se retiró antes de finalizar debido a una entrevista en Canal 12.
Informa “El País” que el vicepresidente Danilo Astori, el vocero del encuentro, dijo que se buscará “una salida unitaria” apuntando “al diálogo” con los senadores que no quieren votar el proyecto, pero “sin apresurarse” ni fijar plazos.
“Sentimos que la situación trasciende el proyecto y afecta la unidad de acción, un capital muy importante del Frente, que basó toda su vida política en eso. Hoy primó el espíritu de tomar esto con calma y saber que está en juego la unidad”, afirmó.
Desinformados
En lo que va del período, el gobierno no ha respondido al 70% de los pedidos de informes de los legisladores, aseguró el diputado nacionalista Pablo Abdala. Los ministerios con más informes sin contestar son los de Educación y Cultura y Salud Pública, con 24 solicitudes, seguidos por Vivienda, con 20.
Claro que esto no sorprende a nadie pues es un clásico. Según el matutino antes citado, entre 2005 y 2010, de 2.159 pedidos de informes, 688 no fueron contestados. En procura de una solución, Abdala presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de pedido de informes, acortando el plazo de respuesta de 45 a 30 días, e incluir a la Presidencia como uno de los organismos a los que se le puede hacer consultas. Abdala considera que la Presidencia “es un ámbito del gobierno que ha crecido exponencialmente en materia de nuevas reparticiones y organismos”.
“Este proyecto de ley busca ir acotando el silencio de la Administración. Que conteste o que caiga en omisión, pero que eso se configure rápidamente”, dijo. Para Abdala, el mecanismo de pedido de informes “está desestimado” pero es “una herramienta de trabajo central para el legislador”.