Opinion | 04 Nov El Poder Ejecutivo aprobó el lunes en Consejo de Ministros el denominado Proyecto de Ley de Participación Pública Privada, con lo que se habilitará, una vez se cuente con la correspondiente sanción parlamentaria, que el Estado se asocie con empresas para la concreción de obras de infraestructura en el país.
Hace algunos días se había indicado que el proyecto ya estaba pronto para ser enviado a la discusión parlamentaria, pero el texto definitivo ha sufrido algunas modificaciones respecto al borrador inicial, incluyendo que se hace explícito que la nueva normativa “complementa y no sustituye los mecanismos habituales de licitación y contratación de obra pública”, según da cuenta el matutino “El Observador”.
Según declaraciones del ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, en este proyecto corregido se dejan más en claro los roles que se adjudica cada organismo participante en las iniciativas, y explicó que “se clarifica que es en definitiva el organismo estatal que contrata quien tiene la decisión sobre llevar adelante el proceso” y de decidir si recurre a la normativa o decide otro tipo de contratación, como la licitación directa.
Igualmente, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo, aclaró que la concreción de cada asociación requerirá un estudio previo que justifique que la adopción de esta modalidad es la más conveniente respecto a otras formas tradicionales presupuestadas, en tanto el núcleo central de la propuesta es una adecuada distribución de riesgo entre el sector público y el privado, “de manera que el sector público no sea el único en correr riesgos”.
En tanto, la Corporación Nacional para el Desarrollo tendrá el papel de avalar los proyectos cuando surjan de iniciativa pública, aunque el organismo contratante puede decidir no utilizar a este instituto paraestatal para la ejecución de la iniciativa.
El diseñar un esquema “potable” para llevar adelante asociaciones público-privadas ha sido un desafío para el gobierno, desde que en la izquierda tienen todavía fuerte presencia grupos que ponen de manifiesto una resistencia visceral a siquiera ceder parcialmente la propiedad o la gestión de organismos del Estado al ámbito privado, incluyendo la figura de las concesiones, muy utilizada por la Administración Vázquez pese a que estando en la oposición el Frente Amplio siempre cuestionó estos emprendimientos. Ello explica que la aprobación de este proyecto en el Consejo de Ministros se fuera postergando a efectos de introducirle modificaciones para contemplar observaciones a una iniciativa que fundamentalmente es esperada como una herramienta decisiva para financiar obras de infraestructura más allá del plan de inversiones del presupuesto, desde que se transfiere el gasto al sector privado y se dejan librados recursos estatales para objetivos que difícilmente puedan encararse a través de la acción privada.
Pero indudablemente los mayores reparos están radicados en los sindicatos de funcionarios del Estado, que consideran toda innovación en esta materia como una amenaza a su seguridad laboral o beneficios, y por lo tanto y “por las moscas” se han manifestado contrarios a toda decisión en este sentido, como fue en su momento la oposición del sindicato de Antel a que se cambiaran las centrales telefónicas electromecánicas por las digitales, por lo que si por ellos fuera hoy todavía seguiríamos estancados en la década de 1950.
Es así que ya la Mesa Coordinadora de Entes interpuso reparos a la iniciativa de referencia, haciendo hincapié sobre todo en quién tendría mayoría en estas asociaciones, qué pasaría con los monopolios del Estado y quién gestionará las fusiones, es decir centrando sus observaciones en aspectos que tienen que ver con la suerte laboral de los funcionarios y no si le sirve o no al país, así como tampoco importa si responde al interés general por una mejor gestión y afectación de recursos en las áreas involucradas.
Lo que no está mal, al fin de cuentas, si tenemos presente que los sindicatos se han creado para defender los intereses de sus asociados. Pero lo que no corresponde es tratar de dorar la píldora ante la opinión pública como si se estuviera actuando en favor de los intereses de todos los uruguayos, porque nada está más lejos de la verdad.
El deber de todo gobierno, como en este caso, es sacarse de encima las presiones de los grupos corporativos y hacer lo que se debe hacer para promover los instrumentos que resulten más funcionales a los proyectos de desarrollo y apunten al interés general, más allá de las circunstancias y el escenario político-electoral.