OPINIONES

Locales | 31 Oct Segura exclusión social
La entrevista realizada al Profesor Arq. Federico Bervejillo, sobre asentamientos irregulares y los cambios urbanísticos que se constataron en la ciudad capital de nuestro país y el “Plan Montevideo” -sobre el ordenamiento territorial y desarrollo urbano planificado por la Intendencia de Montevideo- ha dejado al descubierto la confirmación técnica de una realidad social preocupante.
La comprobación de la existencia de “tres ciudades” claramente individualizadas dentro del área metropolitana confirma que, en los primeros diez años del Siglo XXI, en la periferia de nuestra “Fiel y Reconquistadora”, los asentamientos irregulares se han consolidado, concentrándose allí tanto la pobreza como la economía informal y en concordancia todos los fenómenos de exclusión social imaginables.
La otrora “tacita de plata”, a que se referían con cariño y reconocimiento nuestros visitantes de tiempos pasados lejos está de ser una ciudad compacta, como tal vez en el papel quisieron plasmar en 1998 los responsables del municipio capitalino.
Quizás -como expresa el profesional entrevistado- “con una visión algo romántica sobre la ciudad compacta”, el Plan Montevideo pretendió ser más que una simple planificación de permisos de construcción, pero no implementó soluciones de fondo para el problema de los asentamientos y su crítico entorno.
Los técnicos de hace doce años, al parecer estimaron que los asentamientos eran sólo el producto de una contingencia de la crisis económica y que se superarían una vez se implementaran políticas de desarrollo y distribución del ingreso. Ello no fue así en la realidad.
Duro es reconocer que a la macrocefalia de Montevideo se suma una “macro-segregación” social en zonas que los operadores denominan de “contexto crítico”, donde en algunas de ellas, no pueden llegar a ingresar ni las ambulancias. Este concepto amplísimo comprende a modo de ejemplo, no solo la pobreza, sino también la marginalidad, la economía informal, las bocas de venta de drogas, la violencia cotidiana.
El propio Ministerio del Interior relacionó la formación de mafias vinculadas al narcotráfico con las zonas geográficas donde territorialmente se asientan esas periferias críticas, (llegó a denominar el fenómeno como “favelización”). Estas mafias allí instaladas van penetrando el entramado social y conformando todo un sistema de “protecciones” a los residentes quienes consumen o venden. Sabido es que luego entrelazan sus vinculaciones en base a lealtades y encubrimientos cuando no asociación, que consolidan los espacios apartados de la legalidad, que son de muy difícil desarticulación.
La población trabajadora de esas zonas ha perdido hasta la confianza en utilizar los espacios públicos como plazas y calles. Preocupada por su seguridad y la protección de su integridad y bienes ha ido perdiendo en suma, calidad de vida.
¿Cómo recomponer el entramado social con semejante fractura? ¿Cómo evitar el estigma social de habitar esas zonas de la capital, a la hora de tener que proporcionar simplemente la ubicación del domicilio?
Se impone fortalecer la presencia del Estado para combatir la delincuencia, pero a la vez, para dar respuesta efectiva a una sociedad civil que muchas veces se encuentra desprotegida.
¿Hasta cuándo se podrá contener la impotencia que se advierte? ¿Cómo evitar que hechos de justicia por mano propia se confundan con el instituto de la legítima defensa?
La participación a nivel nacional y departamental es urgente y habrá de concretarse dentro de los límites de las respectivas competencias, si en verdad se apunta a solucionar la problemática que analizamos. Además de planes de emergencia y respuestas aisladas de urbanismo y mejoras en servicios públicos, se requiere un efectivo control policial y políticas educativas y sanitarias. Se advierte una gran desconexión y debiera fortalecerse el sentido de pertenencia a la ciudad y al barrio, a fin de consolidar el compromiso con los valores que hacen a la convivencia democrática, en una sociedad plural y organizada. Dr. Marcelo Gioscia Civitate

Reforma estatal
Nuevos funcionarios de enlace entre presidencia y las intendencias, cuarenta mil pesos más para los ministros (más de un 30% de aumento, claro que según se explicó eran sueldos sumergidos).
Si antes se soñaba con ingresar a la administración pública, ahora va a pasarse a soñar con ser empleado de confianza del gobierno, que aunque sea por una magistratura, ni que hablar si son dos o tres, solucionas tu vida. Y el gobierno se asegura de tener todo bajo su control político; el que no responde a sus intereses queda afuera.
Sufrieron un revés con la formación de las alcaldías, pues pensaban perder intendencias, en consecuencia se creará el delegado presidencial, que a su vez tendrá sus respectivos secretarios seguramente, y que siga el carnaval, lo importante es que la telaraña de cargos de confianza centralice cada vez más el poder en la presidencia. C.I. 3.520.524-1


Una reflexión sobre viviendas de jubilados
Mi pregunta va directamente al Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, al Sr. Ministro, sus asesores y la cúpula gubernamental en general.
Es por los jubilados y pensionistas que han obtenido su vivienda a través del BPS.
Estas personas de bajos recursos pero que han aportado al gobierno, un aporte medio o bajo pero siempre de acuerdo a su sueldo que dignamente se han ganado reciben una vivienda. Hay algo que me preocupa, no de ahora sino de siempre, no es mi caso, pero sí de miles de jubilados y pensionistas. ¿De qué manera estimados señores se va a terminar con el problema de viviendas, si estas personas que ganaron su vivienda con sus aportes, al momento de fallecer esta debe ser entregada para adjudicársela a otro jubilado? Yo a esta situación de las viviendas para jubilados les llamaría “pan para hoy, hambre para mañana”. Estas personas tienen en su mayoría, hijos con sus familias, las cuales al fallecer el titular deben abandonar la vivienda. De acuerdo a mi manera pobre de pensar, pero muy rica por mi amor a Dios y los más necesitados, les sugiero que lo justo sería que los que viven con ellos de línea directa de sangre, no deberían perder su casa. Debería haber un decreto que se estudie para poder convertirlo en ley, que los herederos sigan haciendo si es que faltan, aportes, y mejorando la vivienda de acuerdo a sus ingresos. Se agravan así los problemas de viviendas, para estas personas que deben abandonar la casa.
A mi manera de pensar todos los trabajadores aportan, por lo tanto, cada uno va pagando mes a mes el ladrillo para su vivienda, en el caso que no la tienen, aún lo pagan, pero el caso es para los que no han podido tener la posibilidad de tenerla.
Bueno señores de la gran cúpula gubernamental de nuestro querido Uruguay, piensen: ¿no sería mejor solución hacer casas evolutivas para futuras adjudicaciones a jubilados, y por ayuda mutua dirigida por técnicos idóneos en el tema? Piensen: de acuerdo a esto se iría lentamente, pero positivamente disminuyendo el problema de viviendas y los pobres ancianos dormirían en los brazos del Señor tranquilos porque lo harán en paz por saber que sus hijos tendrán su techo, que es el patrimonio mayor que un pobre le deja a sus hijos. Nilda Ramos de Genoud