Iniciativa de CEDU

Locales | 03 Nov El elevado margen que cobran las tarjetas de crédito para operar con el comercio y la perspectiva de aprobar una ley que regule su funcionamiento figuran en la agenda de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), cámara que nuclea a los centros comerciales del Interior, indicó a EL TELEGRAFO el presidente de la confederación, Luis María Durán.
Manifestó el dirigente empresarial que “en el caso de las tarjetas estamos ante una preocupación de prácticamente todos los comerciantes del Litoral del país, para lo que se han concretado reuniones en lugares como Salto, Mercedes y Fray Bentos, entre otros, porque estamos preocupados ante el costo del arancel, y estamos tratando de canalizar un proyecto de ley a través de los legisladores del Litoral que regule esta actividad”.
Expuso Durán que “a la vez estamos encarando gestiones con la propia cámara de los emisores de tarjetas, teniendo en cuenta la suba y la forma más que nada del arancel que cobran las tarjetas al comercio. Lamentablemente hasta ahora no ha habido forma de establecer parámetros distintos e incluso alguna negociación conducente a ello, porque tal como se plantea el trabajo con las tarjetas lo único que hay es solo la alternativa de contrato de adhesión a las condiciones que nos plantean”.
Puntualizó el dirigente empresarial que “incluso ya hay en la Oficina de Defensa del Consumidor expedientes como el de empresarios de Punta del Este, ante problemas por el rubro y forma de trabajo, los que están diligenciándose. El Banco Central tiene que establecer una reglamentación sobre el particular, y por eso tenemos alguna dificultad”. Explicó que “el aspecto relacionado con los aranceles significa que queremos lograr alguna negociación, por lo menos de una forma que sea gradual, que haya un trato distinto, que los contratos no sean tan exigentes y que se permita alguna otra promoción, por lo que estamos ante una cuestión de forma y también de fondo en el tema de las tarjetas de crédito”.
“dictan las reglas”
Amplió Durán que las tarjetas “son las que ponen las reglas de juego, sin ningún tipo de negociación, por lo que reafirmo que jurídicamente esto se asimila muchísimo a un contrato de adhesión. Esto a la vez tiene un trasfondo más importante, por lo que estamos en la etapa de sensibilización de los legisladores, teniendo en cuenta que hay un seguimiento fiscal que continúa siendo el mismo del comercio formal”.
Subrayó el presidente de CEDU que “el arancel es el margen con el que se quedan las tarjetas en las operaciones de crédito para las compras de bienes y servicios en el comercio, porque el empresario tiene que aceptar sí o sí los términos del planteo al no tener forma de poder trabajar ni buscar una manera de hacer una promoción distinta. Las tarjetas hacen el reglamento e incluso le fijan dentro de las vidrieras que las promociones tienen que ser válidas para la compra con tarjeta igual que el contado efectivo, y eso afecta el ya reducido margen de rentabilidad del empresario”.
“Las tarjetas suben el arancel y no hay forma de negociar. Ello a la vez se traduce en el problema de que la tarjeta elige determinados comercios insignia, como son las grandes superficies, y hace descuentos que en algunos casos están llegando incluso al 15 y al 20 por ciento, lo que no rige para el pequeño comercio, que se queda en inferioridad de condiciones para trabajar y no puede competir”, explicó Durán.
“Estamos por lo tanto ante una problemática bastante profunda, que no se va a solucionar ahora pero que requiere seguir trabajando. Incluso existe un proyecto de ley muy interesante al respecto y estamos trabajando en varios campos, porque no es un tema fácil y afecta a toda la economía. Debemos tener presente sobre todo que hay un seguimiento fiscal del gobierno, que a través de la tarjeta controla todo y es una forma de combate a la evasión, lo que plantea que hay muchos intereses en juego”, significó el entrevistado.
Canasta de pasivos
Por otro lado destacó que CEDU nuevamente gestionará en el Interior los bonos de la canasta de fin de año para los pasivos de menores recursos, tal como se hiciera el año pasado. “Si bien el Banco de Previsión Social los distribuye, nosotros los reunimos, los procesamos, los presentamos al BPS en todo el Interior y luego le entregamos los cheques correspondientes a los comerciantes”, señaló.
“Este año este procedimiento se reeditará, el que trataremos de abordar con tecnología más nueva, lo que a veces les cuesta un poco a los centros comerciales, pero trataremos de solucionarlo”, subrayó.