Opinion | 05 Nov Pese a que está trabajando desde la Administración Vázquez una comisión interpartidaria que analiza el tema desde varios ángulos, nuestro país todavía no se ha pronunciado sobre la posibilidad de instalar una central atómica para la generación de electricidad y nada indica que se vaya a adoptar una decisión en el corto plazo, a juzgar por las posiciones controvertidas en torno a esta problemática.
Es que hay más de una biblioteca sobre el particular y a la vez razones muy atendibles en torno a una y otra postura, lo que indica que se deberá hilar muy fino a la hora de las decisiones y es impensable además que pueda surgir una postura con amplio respaldo si no se logra unir a todos los partidos y generar un favorable eco social.
Esta propuesta de la anterior administración conlleva que se procese una ponderación y evaluación muy prolija de los pro y los contra de una iniciativa de estas características, y de acuerdo a lo manifestado por el ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, “estamos avanzando hacia la definición de la conveniencia o no para el país de la construcción de una central nuclear”.
Asimismo significó que “se trata de un paso previo y no de un alargamiento de la situación”, y aclaró que “se está cumpliendo con los plazos que prevé la Organización Internacional de Energía Atómica, con lo cual los cuatro partidos políticos que integran una comisión que analiza la opción de generación núcleo eléctrica están de acuerdo y seguros de que el camino es el análisis de los pasos que se prevén internacionalmente”.
Expuso asimismo que “actualmente se está en la fase 1, de análisis de los elementos económicos, sociales, energéticos, para determinar si el país puede o no avanzar hacia las otras fases”.
Debe tenerse presente que la fase 2, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de la estructura necesaria, solidificar la unidad reguladora que se encarga del aspecto de la seguridad, construir el marco legal y constitucional, comenzar a formar los recursos humanos y estudiar la tecnología adecuada, para culminar con la decisión respecto a cual será la central que se instalaría en el país y con qué tecnología.
Incluso debería continuarse por la fase 3, que comprende la compra de tecnología, la negociación internacional para conocer qué realizarían los proveedores con los desechos que genera la industria y culmina con la construcción de la central, en tanto la fase 4 refiere al comienzo de la operativa propiamente dicha.
Pero claro, la clave para dar luz verde a la serie de etapas es la que recién está en ciernes, que es el de llegar a consenso sobre si realmente es necesaria la construcción de una central atómica, y este es el eje de la discordia, por cuanto tenemos por un lado el factor adverso de que siempre estaremos dependiendo de energéticos importados, y en este caso sobre todo de la tecnología extranjera para todo un proceso en el que no hay ninguna formación en el país.
Desde el punto de vista económico se trata de una de las energías más baratas, pero lo sería realmente a partir de determinada potencia de generación, que estaría muy por encima de las necesidades del país en el mediano plazo, por decir lo menos, de acuerdo a la proyección de la demanda.
Y por último, pero no por ello menos importante, está de por medio el aspecto netamente ecológico, ya que los desechos nucleares no son un juego de niños, y significan una amenaza permanente de grave contaminación del medio ambiente, porque permanecen activos por centenares de años. Hasta ahora lo que se ha hecho en todo el mundo es destinar determinados lugares a basureros nucleares, en los que se depositan centenares y miles de tanques sellados conteniendo el desperdicio atómico, apostando a que en un futuro que nadie puede determinar con precisión se descubra la tecnología para degradarlo sin afectar al ecosistema, o de lo contrario seguir guardándolo durante siglos para ver que pasa.
Paralelamente, debe evaluarse si efectivamente este tipo de centrales afectarían o no nuestro rótulo de “Uruguay país natural”, que pretendemos imponer y salvaguardar, y si realmente se ha hecho todo lo que debería hacerse —creemos que no-- por explorar otras posibilidades energéticas, sobre todo en el área de las energías renovables.
El problema es que no existe una forma económica y ecológica de producir energía en gran escala, que es lo que precisa un país para desarrollarse. Los molinos de viento pueden aportar bastante, pero es impensable generar de esa forma miles de megawatts, como lo puede hacer sobradamente una sola central nuclear. Las fotocélulas voltaicas como las que se están ensayando en Salto con aportes del gobierno japonés, directamente son prohibitivas por su precio, mientras las represas hidroeléctricas como la planificada sobre el río Uruguay frente a Pepeají entre nuestro departamento y Entre Ríos, significan una alteración permanente del medioambiente mucho más radical que una central nuclear. Así planteada la situación, el Uruguay se encuentra en una encrucijada que deberá resolver en el corto plazo si desea mantener los actuales índices de crecimiento. Pero en esta materia recién se están asomando tímidamente políticas de Estado que deberían ser refrendadas por todos los partidos políticos y lo que es incluso tan o más importante que este aspecto, que los organismos del Estado con injerencia en el tema se dispongan a cumplir al pie de la letra las decisiones políticas en lugar de interponer su burocracia y sus chacras de poder a los intereses estratégicos del país.