Locales | 05 Nov Representantes de la Cámara Inmobiliaria de Paysandú se reunieron en las últimas horas con jerarquías municipales a efectos de considerar la aplicación, reglamentación y eventual modificación del decreto que determina la necesidad de la habilitación municipal para volcar al mercado fincas para arrendamiento.
La delegación empresarial se reunió con el director general del Departamento de Obras, Flavio Fuccaro y la encargada de la Dirección de Edificaciones, Arq. Julia Ferrero, quien expuso a EL TELEGRAFO diversos aspectos considerados en la oportunidad y el origen de la inquietud respecto a esta problemática. La profesional explicó que “se trata de la segunda reunión que se lleva a cabo a efectos de la búsqueda de un consenso en la aplicación del decreto sobre habilitación de fincas para arrendar”, el cual establece que “toda finca que se ofrezca en arrendamiento debe contar con habilitación municipal”.
Recordó que “hace un tiempo la Intendencia comunicó a las inmobiliarias que debían dar cumplimiento a esta norma, aunque en realidad se había aplicado hace un tiempo y después se dejó de exigir este requisito a las inmobiliarias”.
A la luz de esta convocatoria, la cámara de los empresarios del sector en Paysandú solicitó rever algunos aspectos de la ordenanza y de su reglamentación, “para que sea más efectiva y actualizar algunos aspectos, como es por ejemplo el caso del monto de la sanción por incumplimiento. Eso no está actualizado y hay que hacerlo próximamente con el nuevo presupuesto municipal”, amplió la entrevistada.
La arquitecta Ferrero señaló que “este martes los recibimos a efectos de recabar la propuesta que tienen al respecto y estos términos serán analizados por los asesores de la Dirección General del Departamento de Obras”, teniendo en cuenta que el decreto de referencia “ya tiene sus años”, y que es pertinente revisar la norma a la luz de elementos que han cambiado, así como la reglamentación.
Entre otros aspectos, además, se considera que los montos de las sanciones deben corregirse, por cuanto están establecidos en pesos y corresponde llevarlos a valores que se vayan actualizando, como es el caso de las unidades reajustables, pero para incorporar esta modificación es preciso aguardar que se llegue a la modificación presupuestal.
Puntualizó que la Intendencia no estaba aplicando el decreto pero que alguna inmobiliaria sí lo cumplía por propia iniciativa, y manifestó que naturalmente para la aplicación se necesita un cuerpo inspectivo. “Ya contamos con el cuerpo inspectivo que va a salir a controlar las fincas para las habilitaciones y eventualmente sancionar a quienes no están cumpliendo”, expuso consultada al respecto.
Subrayó que el aplicar la norma “representa una tranquilidad para todos, es decir para la inmobiliaria y para el propietario, porque el tema es que nos vemos a veces ante denuncias de inquilinos en el sentido de que la finca no fue puesta en condiciones para su habilitación”, a la vez de aclarar que en lo que refiere a las modificaciones propuestas y que están en consideración, en algún caso corresponden la reglamentación, por lo que su aplicación pasa por un decreto, pero en otros casos refieren a la propia ordenanza, lo que ameritará que en este último caso deba pasar a la consideración de la Junta Departamental para su aprobación. El tema, mientras tanto, está a consideración del grupo asesor que también integran la doctora Claudia Moroy, por Ordenamiento Territorial, Dra. Carolina Da Silva, por Asesoría Letrada, y Alvaro Cabral, subdirector general de Obras.