Opinion | 06 Nov El pasado fin de semana en horas de la mañana, un grupo de vándalos –no menos de ocho-- no tuvo mejor idea que ocupar su “valioso” tiempo en arremeter contra los bancos de hormigón instalados en plaza Artigas, a los que dieron vuelta y en algunos casos quebraron y/o dañaron, a la vista de los sorprendidos circunstantes.
Entre ellos se encontraba personal municipal que dio aviso a la Policía, lo que posibilitó una la rápida intervención de los efectivos que detuvo a los antisociales y los puso a disposición de la Justicia. Lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, los sujetos, tanto menores como mayores, suelen actuar con absoluta impunidad, desde que hay una gruesa falla en nuestro ordenamiento legal, debido por un lado a la benignidad o prescindencia de las normas y por otro a la forma en que son aplicadas por el Poder Judicial, lo que hace que de una u otra forma los vándalos queden sin castigo.
Ese es precisamente el punto, más allá de la postura irracional de quien hace daño como entretenimiento o forma de hacerse notar, de manifestar cuan “poderoso” es y de no sentirse responsable por los daños o problemas que pueda ocasionar al prójimo, que precisamente es el que usufructúa los elementos que destroza.
Ante estos hechos, cualquiera sea quien los protagoniza, debe haber quien en representación de la sociedad agredida, en este caso primero la Policía como organismo represivo y luego la Justicia, actúen con la severidad que demandan las circunstancias, haciendo por ejemplo que los antisociales paguen de su bolsillo los daños que ocasionan, sin miramientos, o que se les dé como alternativa a la prisión el realizar actividades comunitarias, poniéndolos además en evidencia ante la sociedad en forma ejemplarizante.
Nos consta que en Paysandú en alguna oportunidad se ha dispuesto este tipo de medidas, pero como excepción, en lugar de la regla que debe ser. Como bien sostiene el refrán, “la letra por la sangre entra” y muy flaco favor le hacemos a la sociedad y a los mismos protagonistas, sobre todo si se trata de menores, si dejamos que el mensaje que reciben es el de que “todo vale”, que lo que se rompe deben pagarlo de nuevo quienes siempre ponen de sus bolsillos para hacer frente a los impuestos y que los antisociales están exentos de culpa y cargo, como si aquí no hubiera pasado nada.