Opinion | 08 Nov Si bien la actividad de las pequeñas empresas es un elemento dinamizador y revulsivo a lo largo y ancho del mundo, este factor es especialmente importante en países como Uruguay, donde existen muy pocas grandes empresas, por lo que las pequeñas y medianas economías empresariales son elemento clave en el esquema socioeconómico, en tanto, si se hace la sumatoria de su incidencia, también son las mayores proveedoras de empleo.
Debemos tener presente que casi el noventa por ciento de las empresas uruguayas puede encasillarse en la categoría de PYME, que desarrollan actividades en el área industrial, comercial y de servicios, con un escenario diverso pero también con el común denominador de problemas que datan de muchos años y parten de la base de su propia pequeñez.
Uno de los déficit notorios, sobre todo en el caso de las microempresas, refiere a la falta de idoneidad y/o formación en lo que respecta a la gestión de los emprendimientos, ya que el artesano, el herrero, el electricista o el carpintero, debe desdoblarse y dejar de lado temporalmente tareas propias de su oficio para encargarse de llevar adelante la parte empresarial, que le exige conocimientos en cuanto a gestiones ante determinados organismos e incluso otras empresas, no siempre con buenos resultados.
En estos casos es vital contar con instrumentos de capacitación y asesoramiento, que debería proveer el mismo Estado a través de organismos como la propia Dinapymes (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas), pero a la vez con el apoyo de estos beneficiarios organizados debidamente en asociaciones que los sustraigan del aislamiento y de su desventaja respecto a emprendimientos de mayor tamaño, que tienen otras posibilidades para desenvolverse. Hace pocos meses el nuevo director de Dinapyme, Pablo Villar, señaló que su dependencia efectúa gestiones para rebajar el costo de tarifas de servicios públicos como los que prestan UTE y OSE, que para estos pequeños emprendimientos resultan hasta tres veces más costosas que para las grandes firmas, en desmedro de su rentabilidad, por lo que es de esperar que tras el período transcurrido tras el anuncio ya estén bien encaminadas las tratativas en este sentido.
Otra faceta a encarar por esta Dirección es el desarrollo de un relevamiento sobre las consecuencias más negativas de la reforma tributaria sobre el sector, a efectos de detectar falencias y promover eventuales correctivos o enmiendas que permitan atender estas necesidades.
Un aspecto clave a tener presente en cuanto a impulsar esfuerzos en este sentido, parte de que la presión tributaria excesiva tiene como una de sus consecuencias más notorias e inmediatas el pasaje de más empresas al informalismo, que es un mal endémico de nuestro país por una conjunción de factores que no han sido abordados en su integridad para generar la regularización masiva de las micro y pequeñas empresas.
Resulta a todas luces muy negativo que en áreas que captan la mayor fuerza laboral del país nos encontremos con altos porcentajes de informalismo, dado que esta irregularidad se manifiesta en forma perjudicial en todo el esquema socioeconómico del Uruguay.
Así, conspira contra el sistema previsional y la obtención de recursos por el Estado, pero a la vez perjudica abiertamente a trabajadores dependientes y las propias empresas en infracción, por cuanto los dependientes tendrán con el tiempo serias dificultades y hasta la imposibilidad de acogerse a los beneficios jubilatorios, al seguro por desempleo y a servicios médicos, entre otras prestaciones del sistema.
Se infiere por lo tanto que con el informalismo todos perdemos, empezando por los que están directamente en omisión pero también los aportantes de siempre al sistema, que se ven recargados para sostenerlo.
Para que se dé esta situación se conjugan una serie de factores, empezando por omisiones de control en los organismos del Estado responsables, pero también que no se haya logrado diseñar un sistema incluyente, que realmente aporte beneficios para los que están trabajando fuera de la legalidad. Debe tenerse presente que en su mayoría las microempresas y los cuentapropistas lo que obtienen como rentabilidad apenas les da para subsistir y por lo tanto no cuentan con margen para poder estar al día con los aportes. De todas formas, se crea además una competencia desleal entre quienes aportan y quienes no, y es explicable que a la vez haya empresas que hayan considerado que integrarse parcialmente al trabajo “en negro” les genera una forma de poder competir con quienes a la vez trabajan con menores costos al estar al margen de la legalidad. Se requiere por lo tanto poner todos estos elementos sobre una mesa, ponderarlos y generar un diagnóstico que permita atacar los problemas con una gran dosis de imaginación, sentido común y responsabilidad, sin medir costos políticos, para generar condiciones que realmente permitan integrar al circuito formal a amplios sectores de actividad que hoy solo están tratando de sobrevivir para ver qué pasa en el futuro.