Nacionales | 11 Nov Parados en los pedales
Con el procesamiento al general Miguel Dalmao, los senadores oficialistas que se oponen al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad se pararon en los pedales y afirmaron que el fallo hace innecesaria la anulación de la norma. Los oficialistas Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa analizaron el pronunciamiento por la muerte de la dirigente comunista Nibia Sabalsagaray durante la dictadura. Coincidieron en que el procesamiento de Dalmao refuerza su posición porque permite la actuación de la Justicia sin derogar o anular la ley de Caducidad. “Es lo que sosteníamos, no hay que violar la Constitución con una ley que es un disparate jurídico por donde se la mire, pero que además viola la voluntad del soberano. No se viola la Constitución cuando el Poder Judicial declaró inconstitucionales veinte casos y se llegó a este procesamiento”, dijo Saravia a “Últimas Noticias”.
“También hablamos que al Frente Amplio no le conviene ponerse en este momento a juntar firmas para plebiscitar una ley porque tendría un costo político muy grande para la fuerza política; no estarían los votos. Las encuestas están diciendo que poco más del 40% quiere tocar la ley de Caducidad”, acotó.
“Frase propagandística”
El senador nacionalista Eber da Rosa, por su parte, llamó a “respetar lo que la Justicia dispuso” y destacó que el procesamiento al primer militar en actividad demuestra que “llamar ley de Impunidad a la ley de Caducidad es una frase propagandística”. “Con plena vigencia de la ley de Caducidad, se produjo este procesamiento como antes se produjeron otros durante la administración del presidente Tabaré Vázquez”, dijo al matutino antes citado. En tanto que el senador colorado Tabaré Viera indicó que la separación de poderes es fundamental dentro del sistema y corresponde observar cómo continuará el proceso: “La ley de Caducidad debe ser la ley más aprobada del mundo, tanto por los representantes como por los representados en ejercicio de la democracia directa, ratificada dos veces, con el sentido de pacificar el país junto con la ley de Amnistía”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia también ratificó la constitucionalidad de la ley de Caducidad en los ‘80, aunque la nueva integración del Poder Judicial se expresó en sentido contrario. “Seguir insistiendo con la anulación de la ley de Caducidad es inútil. En definitiva, el pleno ejercicio de la ley no impidió que haya dos ex presidentes presos, así como un ex ministro, varios generales retirados y, ahora, uno en actividad”, afirmó.
¿Viveza criolla?
Los ediles de Canelones dieron una gran muestra de viveza criolla al votarse 505 litros de combustible (14.544 pesos por mes) y 17.500 Unidades Indexadas (37.250 pesos) de viáticos.
El Tribunal de Cuentas se dispone a observar esta resolución de la Junta Departamental canaria. León Lev, uno de los cinco ministros del tribunal, dijo que “se seguirá la línea constitucional que establece que estos cargos son honorarios”, por lo que se estudiará con detalle si al final estas partidas significan una remuneración o no. Consigna “El País” que la Junta Departamental de Canelones aprobó por unanimidad el “Proyecto de Reglamentación de gastos de representación de los Señores Ediles y/o Compensación para secretarías (de) bancadas”. Estas partidas significarían que la Junta de Canelones tendría un presupuesto mensual de viáticos y combustibles de 1.605.614 de pesos, unos 80 mil dólares. Aunque haya ediles que no tengan vehículo propio cobrarían la partida de combustibles, ya que se trata del “equivalente a 505 litros”, según fuentes de la Junta. Por lo que si un edil realiza sus traslados en taxi, se le devolvería el dinero de lo gastado en el mes, con un tope de 14.544 pesos, según el precio de la nafta súper a la fecha.
“Olvidos y contradicciones”
La oposición marcó “omisiones, olvidos y contradicciones” del ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández en torno al proyecto de ley que derogó el artículo 76 de la ley 2.230 --que luego permitió la clausura del expediente de los hermanos Peirano--, y concluyó que se afectó el “delicado equilibrio” entre la órbita pública y privada. Además, recomiendan elevar todo lo actuado a la Justicia. Según el mismo matutino, la defensa del senador nacionalista Sergio Abreu, que elaboró el proyecto, y de los otros tres senadores que firmaron --los frenteamplistas Rafael Michelini y Margarita Percovich y el colorado Isaac Alfie-- es el punto en común entre el informe del oficialismo y el de la oposición. “El delicado equilibrio entre la actividad privada (como abogado con notoria versación en materia penal o representante legal de personas encausadas por aplicación de la ley 2.230) y el cumplimiento de las reglas de derecho que regulan el ejercicio legítimo de la función pública, muy en especial por tratarse de un funcionario de tanta jerarquía y peso político, puede haberse visto comprometido a la luz de las omisiones, olvidos y contradicciones”, dice el informe de la oposición en la comisión investigadora.