Opinion | 09 Nov La sucesión de conflictos que se está desarrollando en nuestro país, con preeminencia naturalmente en Montevideo, donde se manifiestan con mayor virulencia los grupos radicales y con poder de presión directa en esferas sindicales y gubernamentales, tienen de rehén a gran parte de la población, desde que áreas como la enseñanza, los bancos, la salud, entre otros sectores estatales, son a la vez escenarios de intentos de obtener una mayor porción de la tajada presupuestal, por un lado, pero también como demostración de poder en rencillas internas entre corrientes sindicales afines a grupos de izquierda.
La más reciente demostración la tenemos a través de medidas coercitivas de gremios de los bancos oficiales, principalmente del Banco de la República, cuyo sindicato, entre otras medidas, está trancando el clearing y afecta el desenvolvimiento tanto de empresas como de sus dependientes, es decir ejerciendo la fuerza del caos, metafóricamente hablando, para obtener sus objetivos.
El gobierno ha estado omiso en este caso desde hace por lo menos quince días y recién ahora, cuando ve que la situación se le ha ido de las manos, consideró ayer en Consejo de Ministros la posibilidad de decretar la esencialidad ante el conflicto sindical en el BROU (“el banco país”).
El gobierno en pleno evaluó el conflicto, el cual ha trancado unos 100 mil cheques, generando grandes dificultades para el cobro de salarios y el pago de obligaciones, a la vez de generar gravísimas situaciones al comercio local. Sobre la mesa estuvo la opción de declarar la esencialidad del servicio, según explicó el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, quien no ocultó su malestar por la postura que han adoptado los sindicalistas, pero al fin de cuentas se desestimó la posibilidad.
El punto es que hace muchos años que la banca no es objeto de una declaración de esencialidad. La última se dio en el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), más precisamente ante una huelga bancaria que se extendió nada menos que durante cuatro meses en 1969, cuando los sindicatos estaban desbordados y se apostaba realmente a que “cuanto peor, mejor”, en claro enfrentamiento con el gobierno por motivaciones ideológicas antes que por reclamos salariales y sindicales.
En la ocasión el detonante del conflicto surgió el viernes, luego que AEBU rechazara la propuesta de salida presentada por el Ministerio de Trabajo a los sindicalistas y a los bancos. El planteo fue visto como “insuficiente” por AEBU, que no observó avances concretos por sus reclamos contra los traslados “compulsivos” de funcionarios, la equiparación salarial de los ex trabajadores del Banco de Crédito que fueron absorbidos por el BROU –cuando en realidad lo que hubiera correspondido es que queden desempleados al desaparecer la fuente de trabajo en su momento-- y la compensación salarial de las tareas extra que hacen los auxiliares del banco.
Surge claramente que hay una gran desproporción ente el reclamo y la gravedad de las medidas, lo que da la pauta de que estamos ante un forcejo por el poder dentro del sindicato bancario y aún dentro del Pit Cnt entre sectores moderados y radicales, más precisamente entre los afines al gobierno y los que pretenden torcerle el brazo al Poder Ejecutivo.
Por un lado, es notorio que los sindicatos están de punta para enfrentar a las autoridades respectivas en cuanto a la gestión de las empresas en que trabajan, en este caso el Banco de la República, y es así que sus ex compañeros discuten el pasaje al Consejo de Disciplina de AEBU del presidente del BROU, Fernando Calloia (afiliado al gremio), y en la misma línea que los sindicatos de la enseñanza, que luchan por el poder en los organismos que la rigen, cuando precisamente el gobierno aprobó una ley que les confiere representación y voto. Empero, los sindicatos van por más, en abierta confusión de roles y lo que es peor, haciendo primar sus intereses por sobre el interés de la población, que difieren abiertamente, por cierto, desde que por ejemplo la calidad de la educación no aparece entre los objetivos y solo se está en disputa de parcelas de poder y mejoras salariales. Mientras tanto, mediante una muy buena propaganda televisiva se engaña al ciudadano mostrando la desastrosa situación de algunos centros de enseñanza, dando a entender que los recursos extra que se le exige al Estado son para atender esas emergencias, cuando claramente los objetivos son otros.
Evidentemente, el gran responsable de este estado de cosas es el gobierno, porque de la misma forma que hizo el ex intendente Tabaré Vázquez con Adeom, en Montevideo, después que les otorgó todos los beneficios salariales sin contrapartida de trabajo, e incluso reduciendo la carga horaria, como se hizo en la capital, los gremios siguen reclamando “conquistas” insostenibles. El ciudadano común solo ve como cada vez más su menguado salario es confiscado en buena parte para solventar la “fiesta de los muchachos”, recibiendo a cambio una bofetada cada vez que precisa de los organismos que él solventa cuando no puede cobrar su sueldo por un paro, o el cheque con que le pagaron, o cuando sus hijos reciben la peor educación porque el profesor que se queja ni siquiera está preparado para enfrentar una clase.
Es que el gobierno ha transmitido el mensaje de que todo vale, de que no tiene autoridad ni ganas de defender el interés general y ha dejado al ciudadano común a merced de los irresponsables que solo reclaman por sí y nada les importan los perjuicios y costos que causan a los uruguayos.